Experta en incidencia de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que sufre visitó Chile con el objetivo claro de dar a conocer la realidad de la persecución religiosa y proponer caminos para el fenómeno que se está dando en este país.

Marcela Szymanski, experta en libertad religiosa, llegó a Chile la semana pasada con un mensaje urgente. Durante cinco días recorrió Santiago, Concepción, Puerto Montt y Valdivia, invitada por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN), para hablar de algo que para muchos suena lejano, casi abstracto, pero que afecta a dos tercios de la humanidad: la libertad religiosa. Directora de incidencia de ACN Internacional y corredactora durante años de uno de los informes más completos sobre persecución religiosa en el mundo, Szymanski dejó huella en cada ciudad que visitó. Su testimonio no es el de alguien que habla desde los libros, sino de quien ha escuchado de primera mano a quienes han visto destruidas sus casas, sus cosechas, sus iglesias, y a veces sus propias vidas, por el solo hecho de creer.

Un derecho inscrito en nuestra humanidad

Antes de hablar de estadísticas o de mapas de persecución, Marcela comenzaba sus exposiciones con una pregunta fundamental: ¿por qué importa la libertad religiosa? La libertad religiosa es inherente a la naturaleza humana porque todos, en algún momento de nuestra vida, nos preguntamos por nuestra trascendencia, por el sentido de nuestra existencia, por los valores que guían nuestras decisiones cotidianas. Nadie vive en un vacío de significado. Cada persona orienta su vida según sus creencias, sus convicciones, su fe o su búsqueda espiritual, sea cual sea la forma que esta tome.

Por eso, vulnerar la libertad religiosa no es solo violar un artículo de una constitución: es agredir algo mucho más íntimo. Es negar a una persona el derecho de ser quien es en su dimensión más profunda. Es una violencia que no deja heridas visibles de inmediato, pero que destruye comunidades, desarraiga familias y silencia conciencias. Comprender esto es el primer paso para entender por qué Marcela Szymanski, y miles de personas en todo el mundo, dedican su vida a defenderla.

Un derecho consagrado y sistemáticamente violado

La libertad religiosa está reconocida en prácticamente todas las constituciones del mundo y consagrada en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que establece:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”.

Son palabras solemnes. Pero la realidad las contradice de manera brutal. Según el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2025 de ACN, dos tercios de la población mundial –5.400 millones de personas– viven en países donde individuos y comunidades sufren acoso, violencia e incluso la muerte a causa de sus creencias. Es un número tan grande que resulta difícil de procesar. Por eso, el trabajo de personas como Szymanski es tan valioso: poner rostro a esas cifras, traducirlas en historias concretas, en comunidades reales, en personas que tienen nombre y que merecen que el mundo las escuche.

El informe de ACN, que ya cumple 25 años realizándose, no trae buenas noticias. Cada año que pasa, el panorama se agrava. Aumenta el número de países con problemas, aumentan las causas de violación a la libertad religiosa y se diversifican los actores responsables. Szymanski lo llama con precisión “el mapa de la impunidad”: un retrato global donde los creyentes pagan un precio altísimo por su fe, muchas veces en el silencio más absoluto.

No es un problema de otros continentes

Uno de los errores más frecuentes al hablar de persecución religiosa es pensar que es un fenómeno aislado. Lo cierto es que hay países donde la situación es extrema y llevan décadas en los peores registros del informe: Afganistán, China, Corea del Norte. En estos lugares, los creyentes de las minorías religiosas pueden enfrentar cárcel, tortura, desaparición forzada y muerte. En Irán, Eritrea o Nicaragua, los gobiernos autoritarios imponen sistemas de control sobre las comunidades religiosas y limitan su libertad religiosa. El autoritarismo, identifica el informe de ACN, es el principal motor de la represión religiosa a nivel global: son 52 los países donde un gobierno autoritario amenaza, restringe o persigue la libertad religiosa de sus ciudadanos.

El continente donde la persecución religiosa crece con mayor velocidad es África. Nigeria y Eritrea concentran algunos de los casos más graves: comunidades enteras atacadas, pastores asesinados, mujeres y niños secuestrados por grupos extremistas. La violencia religiosa en el África subsahariana ha alcanzado dimensiones que la comunidad internacional ha tardado demasiado en reconocer.

Pero Europa tampoco está exenta, y este fue uno de los puntos que más sorprendió a los asistentes durante las charlas de Szymanski. En Francia se producen en promedio 1.000 ataques contra iglesias cada año. En su mayoría se trata de vandalismo, pero también hay casos de incendios provocados. En Alemania, se registraron 111 ataques en 2024, un 20% más que el año anterior. La hostilidad, en muchos casos, se ha vuelto sistémica a medida que el secularismo radical reemplaza la cultura cristiana en naciones europeas, que durante siglos forjaron su identidad sobre ella.

El caso chileno: una realidad que no podemos ignorar

Para quienes escucharon a Marcela Szymanski en Chile, uno de los momentos de mayor impacto fue cuando el foco se volvió hacia nuestro propio país. Porque si bien Chile no figura en el informe de ACN como un caso grave en términos comparativos, sí figura, y solo eso ya debería ser motivo de alerta.

En los tres últimos informes, Chile aparece en calidad de observación. La razón es un hecho que muchos chilenos desconocen: los ataques incendiarios contra iglesias. Entre 2013 y 2024, 296 templos han sido quemados en Chile. La cifra, recogida en una investigación del medio periodístico El Líbero, revela una violencia sistemática contra lugares de culto que no ha recibido la atención que merece: ni de la prensa, ni de la clase política, ni de la sociedad civil.
Lo que más preocupa no es solo la magnitud de los ataques, sino la indiferencia que los rodea. En Chile, estas vulneraciones pasan a menudo sin condena pública y sin investigación exhaustiva.

Szymanski lo explica con una experiencia que se repite, no solo en Chile sino en muchos países:

“Cuando pregunto por qué no se investigan los ataques contra iglesias, la respuesta que recibo con frecuencia es que por suerte no hubo víctimas, que fue solo un edificio. Pero eso ignora a las víctimas reales: los miembros de la comunidad que asistían a ese templo. ¿Quién piensa en ellos? Son muy pocos los que lo hacen”.

Es una pregunta que incomoda, y que debería. Porque un templo quemado no es solo una estructura destruida: es una comunidad herida.

Creyentes y no creyentes: un frente común

Este es quizás el punto más importante del mensaje que Szymanski trajo a Chile: la defensa de la libertad religiosa no es una causa confesional. No es bandera de un grupo religioso ni de ninguna comunidad en particular. Es una causa humana, y como tal, nos convoca a todos.

Una sociedad que protege el derecho de sus ciudadanos a creer, a cambiar de creencia o a no tener ninguna, es una sociedad más libre en todos los sentidos. Y la razón es sencilla: cuando un gobierno o un grupo no estatal persigue a una persona por lo que cree, cruza una línea que no tiene retorno fácil. La misma lógica que justifica encarcelar a alguien por su fe justifica silenciar a un disidente político o marginar a una minoría étnica. No son fenómenos distintos: son expresiones del mismo mecanismo, el de un poder que decide que ciertas conciencias no merecen respeto. La intolerancia no distingue categorías una vez que ha encontrado la manera de legitimarse. Por eso, allí donde se persigue la fe, rara vez la libertad de expresión o los derechos de las minorías sobreviven intactos por mucho tiempo.

De aquí deriva que la libertad religiosa sea un termómetro de la salud democrática de una sociedad, y cuando ese termómetro sube, todos deberíamos prestar atención.

Un manifiesto y una petición concreta

Consciente de la magnitud de la amenaza, ACN lanzó por primera vez en su historia una campaña internacional de recolección de firmas por la libertad religiosa. A través de sus 24 oficinas en todo el mundo, entre ellas la oficina en Chile, ACN está reuniendo el respaldo de ciudadanos de todos los continentes para presentar este manifiesto ante organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea.

Las demandas son claras: que los gobiernos democráticos condenen públicamente todas las formas de persecución religiosa; que la libertad religiosa sea una prioridad en la política exterior y las relaciones diplomáticas; que se apliquen medidas concretas contra los regímenes que violan este derecho de manera sistemática; que se impulsen iniciativas educativas y legales para prevenir estas violaciones y que se otorgue protección a las comunidades religiosas en situación de riesgo, especialmente en los países donde sufren violencia sectaria o extremismo religioso. El objetivo es prevenir la migración forzosa, permitiéndoles así permanecer en sus hogares y tierras ancestrales.
Nadie debería tener que elegir entre su fe y su vida. Esa frase, aparentemente simple, encierra toda la urgencia de esta causa. Sin embargo, hoy mismo, mientras lees esto, hay personas en distintos lugares del mundo que están tomando exactamente esa decisión.

Cada firma importa, porque visibiliza una crisis que demasiados prefieren ignorar. Y porque lleva a quienes toman decisiones, un mensaje que no pueden seguir esquivando: la libertad religiosa es un derecho humano, no un privilegio, y defenderla es responsabilidad de todos.

La petición se puede firmar en https://acninternational.org/es/peticion/