Análisis previo a la próxima cumbre mundial de obispos que tratará el tema

Son muchos los eventos sin precedentes que muestran la lucha del Papa y de la Iglesia contra los abusos sexuales cometidos contra menores. Esta lucha ha sido un rasgo común de los últimos tres papas. El año 2001 Juan Pablo II, a través de un Motu proprio, agrega el delito de abuso contra un menor de 18 al elenco de los delicta graviora reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Benedicto XVI hizo que las normas contra la pedofilia contenidas en el documento fueran aún más estrictas, por ejemplo, al aumentar el plazo de prescripción de las acusaciones de 10 a 20 años cumplidos los 18 años de la víctima; simplificando los procedimientos, y especificando que "las disposiciones del derecho civil siempre deben seguirse con respecto a la remisión de delitos a las autoridades". En mayo de 2011, la Congregación para la Doctrina de la Fe envió una importante carta circular a todas las conferencias episcopales con el objetivo de "asistir a las conferencias en el desarrollo de Pautas para tratar los casos de abusos sexuales de menores perpetrados por clérigos".

Bergoglio ha continuado con la línea de "tolerancia cero", estableciendo reglas más estrictas en materia de abuso, reuniéndose con víctimas y rechazando a cientos de sacerdotes a través del antiguo Santo Oficio. Poco después de su elección, en julio de 2013, Francisco autoriza una reforma penal (con la ley número VIII) donde introdujo el delito específico de "pornografía infantil". El Papa también ordenó que el personal diplomático de la Santa Sede sea sometido a la jurisdicción del Vaticano. En los temas de abuso el Derecho Canónico está hoy más avanzado que el derecho civil de muchos países, pues tipifica delitos no presentes en diversas legislaciones. Sin embargo todas estas herramientas no siempre son aprovechadas por las distintas iglesias locales.

Continuando con esta lucha, el 22 de marzo de 2014 el Santo Padre establece la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, con un papel asesor. Para integrarla, nombró a algunas víctimas de sacerdotes. El Cardenal Sean O'Malley, O.F.M., Arzobispo de Boston, ejerce como Presidente de la Comisión. Ese mismo año, en septiembre, fue arrestado el arzobispo polaco Jozef Wesolowski, por cargos de pedofilia y posesión de material de pornografía infantil.

El 4 de junio de 2016, con la Carta apostólica en forma Motu Proprio titulada "Como una madre amorosa", Francisco precisa que entre las "razones graves" para la destitución de un obispo, también se considere la "negligencia", en particular en relación a los casos de abuso sexual de menores y adultos vulnerables. Para ello, la carta detalla una serie de procedimientos.

El viaje de enero de 2018 a Chile sin duda constituyó un hito fundamental. La visita apostólica estuvo marcada por la polémica presencia de Juan Barros en los actos oficiales, obispo acusado de haber encubierto al sacerdote Fernando Karadima, este último sentenciado por la Santa Sede como culpable de abusos sexuales violentos a menores. Al principio el Papa había defendido a Barros afirmando que se trataba de calumnias sin evidencia, pero luego, en febrero, confió una investigación al Arzobispo de Malta Charles Scicluna y a Jordi Bertomeu, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Tras leer el informe de 2.300 páginas, escrito luego de escuchar 64 testimonios, comprendió que no le habían informado bien: la investigación daba cuenta de una reiterada omisión y falta de respuesta de la iglesia chilena ante denuncias de abusos sexuales. Esto lo hizo cambiar de opinión, el que explicó a través de una carta enviada el 8 de abril a los obispos de Chile, en ella asegura sentir “dolor y vergüenza” y reconoce haber “incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada”. Tras la carta, convocó a Roma a los obispos de Chile para dialogar sobre las conclusiones de la mencionada visita. Antes del encuentro el Papa recibió en la Santa Sede a algunas de las víctimas de abuso.

Durante tres días, del 14 al 17 de mayo, los 34 obispos chilenos en ejercicio acudieron al Vaticano para escuchar y evaluar los resultados. Francisco les entregó un documento de 10 páginas y, el último día, le dio una carta a cada uno de ellos. Al día siguiente, los prelados le presentaron su dimisión a Bergoglio en un acto sin precedentes: "Hemos puesto nuestros puestos en manos del Santo Padre y dejaremos que él decida libremente por cada uno de nosotros", informaron los obispos en una rueda de prensa desde el Vaticano (hasta la fecha, el Santo Padre ha aceptado la renuncia de 7 de ellos).

En su "Carta al pueblo de Dios que peregrina en Chile" del 31 de mayo de 2018, Francisco expresa su dolor ante las "atrocidades", afirmando que se debe cambiar el clericalismo, esa mentalidad cerrada que se encuentra en la raíz de los abusos de poder cometidos dentro de la Iglesia.

Pero la falta de respuesta de la iglesia local ante tales crímenes no se trata de un hecho aislado: En Estados Unidos, Irlanda, Alemania, Australia y Francia han sucedido eventos similares que han llegado a afectar a los niveles más altos de la jerarquía eclesiástica, siendo acusada de negación y encubrimiento, falta de atención hacia las víctimas y respuestas insuficientes. Estados Unidos ya había vivido una crisis de abusos sexuales cometidos por el clero el año 2002, cuya figura central fue Bernard Law, arzobispo en la Arquidiócesis de Boston acusado de ocultar dichos crímenes. En abril de ese año el Papa Juan Pablo II llamó a los cardenales estadounidenses a Roma y, en diciembre, acepta la renuncia de Law. El año 2018 fue, nuevamente, un año difícil; comenzando en julio por la aceptación de la renuncia de parte del Papa del ex cardenal de Washington, Theodore McCarrick, acusado de abuso sexual. Luego, el Gran Jurado de Pensilvania publicó un Informe sobre el abuso sexual de menores cometidos por miembros del clero católico. En 1.300 páginas se integran 70 años de historia, 300 sacerdotes implicados y más de mil niños abusados en un solo Estado. A ello se le sumó una carta de un ex alto funcionario vaticano que acusa a Donald Wuerl, entonces arzobispo de Washington, de encubrir a su predecesor. Se trata de una acusación bastante dolorosa para la Iglesia pues Wuerl es un cardenal cercano al Papa: es parte del comité del Vaticano encargado de nombrar a los obispos en todo el mundo. Finalmente, en octubre, el Santo Padre aceptó la renuncia del cardenal. Así como sucedió en Chile, el Papa también escribió una carta dirigida a los obispos de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos fechada el 1 de enero y publicada el 3 de enero, donde señala que “la lucha contra la cultura del abuso, la herida en la credibilidad, así como el desconcierto, la confusión y el desprestigio en la misión reclaman y nos reclaman una renovada y decidida actitud para resolver el conflicto”.

La publicación del polémico Informe de Pensilvania coincidió con el viaje de Francisco a Irlanda, en agosto de 2018, con motivo del Encuentro Mundial de las Familias. Este país tuvo diversos escándalos de abuso desde los años 80, los que salieron a la luz pública el año 2009 con dos informes perturbadores. En 2010 el Papa Benedicto XVI convocó a los obispos irlandeses a Roma y publicó una amplia carta pastoral dirigida a todos los católicos del país (19 de marzo de 2010). Luego se estableció una visita apostólica a las diócesis y seminarios de toda Irlanda, que duró desde noviembre de 2010 hasta marzo de 2012 y que daría importantes indicaciones de renovación. El sentimiento de dolor y traición hacia la Iglesia, que se mantiene hasta hoy en un pueblo tradicionalmente católico, sumado a la publicación del informe en Estados Unidos, hizo del tema del abuso un tema central de la visita apostólica de Francisco. En su viaje el Papa expresó en varias ocasiones dolor y vergüenza por tales abusos, se reunió con algunas víctimas, rezó ante el Santísimo en la Procatedral de Santa María de Dublín por todas ellas y en la ceremonia final del Encuentro reemplazó el Acto Penitencial con un pedido de perdón por los abusos sexuales cometido por el clero.

La iglesia australiana fue golpeada fuertemente durante el pontificado de Benedicto XVI. Desde el año 2012 la llamada “Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse” ha realizado una investigación en todo el país, con muchas audiencias, para las cuales se convocó a las más altas autoridades de la Iglesia. El informe final de la Comisión se publicó en 2017 e impactó por la gravedad y cantidad de los casos y situaciones de abuso encontrados, particularmente en las comunidades e instituciones católicas. El Informe contiene una serie de recomendaciones para la Iglesia y un polémico cuestionamiento hacia el secreto de la confesión. A raíz de las investigaciones en mayo de 2018 un arzobispo, Philip Wilson, fue condenado por un tribunal civil por encubrir abusos en los años setenta.

En Alemania, donde ya existían directrices desde 2002, el tema se puso de manifiesto con el caso del Colegio Canisio, dirigido por los jesuitas. En 2010, el propio rector invitó a exalumnos y familias a denunciar los casos de abuso que hayan ocurrido. La conferencia episcopal reaccionó rápidamente renovando las Pautas y colaborando activamente con las autoridades del país para enfrentar el problema del abuso de menores.

La iglesia francesa, finalmente, también tuvo un duro golpe en 2018, año en que se mantiene un juicio contra el cardenal Philippe Barbarin, el responsable más alto de la jerarquía eclesiástica gala acusado de silenciar casos de curas pederastas y de no reaccionar a tiempo.

En la Carta del Papa al Pueblo de Dios, fechada el 20 de agosto de 2018 y publicada “en respuesta a la crisis de abusos a la que se enfrenta la Iglesia”, el Papa advirtió sobre el daño causado por la omisión de la Iglesia y hace un llamado a una renovada actitud de solidaridad como modo de hacer historia. Ya no se habla solamente de abuso sexual, sino también de abuso de conciencia y de poder. El texto constituye un documento profético, pastoral y concreto, que será tan relevante como la carta enviada por Benedicto XVI a los católicos de Irlanda el año 2010.

El discurso de Navidad del Santo Padre ante la Curia Romana dio fin a un 2018 tormentoso, donde se enfrenta la situación actual con una claridad sorprendente y con una renovada esperanza en el futuro. Como es costumbre, el mensaje de Navidad genera grandes expectativas y ha sido elegido por Francisco como el espacio para marcar las líneas de su ministerio. En el discurso habló sobre las alegrías del 2018 pero también sobre las aflicciones por las que atraviesa la humanidad: inmigrantes que hayan la muerte o las puertas cerradas, pobreza, violencia y “una nueva era de mártires”. Entre estas aflicciones se refirió al “antitestimonio” protagonizado por ministros de la Iglesia y lamentó como estos delitos han deformado el rostro de la Iglesia socavando su credibilidad. Defendió a los periodistas a quienes agradeció por desenmascarar los crímenes y por dar voz a las víctimas. Adicionalmente, dirigiéndose a los abusadores, los conminó a convertirse y entregarse a la justicia. La crisis por la que atraviesa su pontificado está dispuesto a afrontarla de lleno, con “la certeza de que la luz de Dios seguirá brillando a pesar de nuestra miseria humana; la certeza de que la Iglesia saldrá de estas tribulaciones aún más bella, purificada y espléndida”.

Todo este recorrido lo motivó a convocar una cumbre mundial de obispos sobre el tema que tendrá lugar del 21 al 24 de febrero (ver aquí discurso final en la misa de cierre). Se trata de un evento sin precedentes que busca dar un fuerte impulso con nuevos pasos hacia adelante. Si 2018 fue el año de sacar el velo y constatar la existencia de un problema institucional, 2019 empieza como un año para sacar lecciones, reparar heridas, modificar las líneas de acción de las diferentes conferencias episcopales, establecer nuevos lazos de cooperación con autoridades del Estado y de la Sociedad Civil y, sin duda, entregar un nuevo protagonismo al pueblo laico de Dios.

El encuentro pretende lograr que todos los obispos “tengan absolutamente claro lo que se necesita hacer para prevenir y combatir el drama mundial de los abusos a menores" (Oficina de Prensa de la Santa Sede). El Santo Padre ha encomendado Federico Lombardi, la tarea de moderar las sesiones plenarias del encuentro y, para la preparación del mismo, el Comité Organizativo envió una carta a los participantes, subrayando que “el primer paso debe ser reconocer la verdad de lo que ha sucedido”. Por ello se invita a cada presidente de conferencia episcopal a acercarse y visitar a las víctimas que han sufrido abusos por parte del clero en sus respectivos países. La carta está acompañada por un cuestionario que pretende ser “una herramienta para que todos los participantes en el encuentro de febrero expresen sus opiniones de manera constructiva y crítica, a medida que progresamos en la identificación de dónde se necesita ayuda para llevar a cabo reformas ahora y en el futuro, y para ayudarnos a tener una visión completa de la situación en la Iglesia”.