El Estado debe respetar la naturaleza y verdad del matrimonio. Una ley de divorcio lo afecta en su ser mismo y lo despoja de aquellas notas esenciales que le permiten desarrollarse y llegar a ser lo que son, afectando a todos los aspectos de la realidad familiar y al conjunto de las relaciones humanas.

Las anulaciones matrimoniales se están multiplicando en todo el mundo católico. Algunos contemplan este fenómeno como un éxito de la praxis canónico-procesal. Yo tiendo a verla más bien como el fracaso de la praxis pastoral. 

Frente al fenómeno de las uniones de hecho, no se puede menos que tener en cuenta el aspecto subjetivo: se trata de determinadas personas, de su visión de la vida, de sus intenciones, en síntesis, de su “historia”. En este sentido, podemos, más aún, debemos reconocer y respetar la libertad individual de elección de esas personas.

Es opinión casi unánime de los educadores y de muchos padres de familia, que un fuerte cambio en las costumbres y estilos de vida de la juventud se ha ido haciendo presente en los últimos años. Responde en parte a la influencia del sistema educacional, pero también a cierta metamorfosis que vive la misma familia en la sociedad de consumo. Afecta a todos los ámbitos socio-económicos, pero el cambio, como tal, se registra con más nitidez en los sectores de mayores recursos.

Las democracias contemporáneas han reducido los cuerpos intermedios en general, y sobre todo la realidad de la familia, a una especie de joint-venture, como si fuese un mero contrato privdo entre un hombre y una mujer. Ya no se reconoce su objetivo valor social. En este marco, toca a otros sujetos sociales, como la Iglesia, asumir la defensa de la relevancia social y civil de la familia y mostrar en qué medida las democracias modernas, cuando incurren en este error, se resquebrajan e impiden al hombre, en última instancia, una objetiva y equilibrada satisfacción de las propias exigencias constitutivas.

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El desafío de ofrecer una educación integral a lo largo del territorio compromete a diferentes actores sociales, estatales y también religiosos: la formación no requiere solo de infraestructura, logística y recursos, es necesario relevar la dimensión valórica y su rol en la cohesión social.
A principios de enero, muchas personas y familias abrieron las puertas de sus casas —a veces, por primera vez en años— para compartir y conversar con 1.450 jóvenes universitarios desplegados desde la región de Coquimbo hasta la región de Aysén. La Pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile organizó estas misiones y trabajos con una sola motivación: compartir la esperanza de Cristo resucitado, generar vínculos, y apoyar en demandas concretas en territorios con escasos recursos y presencia pastoral.
En esta nueva columna, Nello Gargiulo reflexiona sobre la necesidad de abordar la problemática migratoria involucrando a todos los actores sociales y estatales que pueden aportar en la materia, ya sea por su trabajo directo con la realidad de los extranjeros avecindados en Chile, o por el rol formativo, fiscalizador o financiero que realizan en miras al desarrollo del país. El ejemplo de lo realizado por monseñor Scalabrini hace un par de siglos, puede iluminar las decisiones de hoy.
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