El Constitucionalismo de Valores y Principios implica una renovación profunda del Derecho en general, erigiéndose en un nuevo paradigma de legitimidad jurídica, sustantiva y formalmente concebida. Incumbe al Juez Constitucional impulsar y consolidar tal proceso, asumiendo que, en el Estado al servicio de la persona humana, la soberanía se halla relativizada y la dominación limitada precisamente para cumplir tal objetivo.

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El desafío de ofrecer una educación integral a lo largo del territorio compromete a diferentes actores sociales, estatales y también religiosos: la formación no requiere solo de infraestructura, logística y recursos, es necesario relevar la dimensión valórica y su rol en la cohesión social.
A principios de enero, muchas personas y familias abrieron las puertas de sus casas —a veces, por primera vez en años— para compartir y conversar con 1.450 jóvenes universitarios desplegados desde la región de Coquimbo hasta la región de Aysén. La Pastoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile organizó estas misiones y trabajos con una sola motivación: compartir la esperanza de Cristo resucitado, generar vínculos, y apoyar en demandas concretas en territorios con escasos recursos y presencia pastoral.
En esta nueva columna, Nello Gargiulo reflexiona sobre la necesidad de abordar la problemática migratoria involucrando a todos los actores sociales y estatales que pueden aportar en la materia, ya sea por su trabajo directo con la realidad de los extranjeros avecindados en Chile, o por el rol formativo, fiscalizador o financiero que realizan en miras al desarrollo del país. El ejemplo de lo realizado por monseñor Scalabrini hace un par de siglos, puede iluminar las decisiones de hoy.
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