La Iglesia, superando las suspicacias y a veces el abierto rechazo, logró posicionar muchos temas, con más o menos éxito, y su acción contribuyó a aliviar muchas dificultades, pero siempre sin perder el objetivo central de ayuda al prójimo en un sentido evangélico y, también, teniendo claro que ello iba a redundar en una sociedad más justa y en el engrandecimiento del país.

Introducción

La conmemoración del Bicentenario nos lleva casi naturalmente a efectuar análisis y reflexiones respecto a lo que han significado estos doscientos años de vida independiente. A interrogarnos, al igual como lo hicieran diversos intelectuales y políticos hace un siglo, acerca de si nuestra evolución había estado a la altura de las expectativas; acerca de lo que habían realizado, o dejado de hacer, por el desarrollo y progreso del país los diferentes actores de la sociedad. Dado el carácter de la revista Humanitas pensamos que sería interesante efectuar algunas consideraciones acerca del aporte que la Iglesia habría hecho a la construcción de la República durante estos doscientos años. Por otra parte, conscientes de que el objetivo planteado es demasiado ambicioso y amplio para un artículo de esta revista, hemos optado por circunscribir nuestra aproximación histórica sólo a dos ámbitos, que los hemos elegido en función de la relevancia que a estos temas les asigna la sociedad actual. Ellos son los pueblos originarios y los pobres.

El escenario republicano no ha sido fácil para la labor de la Iglesia. Desde el inicio del proceso de Emancipación, la Iglesia debió enfrentar situaciones complejas que en ciertos momentos llegaron a la persecución. En parte, eso fue consecuencia de la postura del clero frente a los acontecimientos políticos. Sin embargo, el problema de fondo, que tendía a distanciar a las autoridades republicanas de la jerarquía eclesiástica, se originaba en el papel que ahora se le asignaba a la Iglesia. Esta debía contribuir a la estabilidad y a la consolidación del nuevo orden, como parte del engranaje del Estado. Si durante el período español la Iglesia aceptaba un grado de dependencia del Estado en función de intereses superiores (protección y compromiso con la difusión y defensa de la fe), en la República, con el respaldo de la Santa Sede, se mostró contraria al control que pretendían ejercer las nuevas autoridades. A ese problema, en la segunda mitad del siglo XIX se le agregará otro, de mayor envergadura: la configuración de un Estado moderno en el que la Iglesia, con sus prerrogativas en el ámbito público, no tenía cabida. Se intenta desplazar a la Iglesia de ese espacio en un afán por dejarla constreñida a lo privado. Esto no acontece sin que la Iglesia defienda sus intereses y rechace con fuerza los planteamientos modernistas. Pero, al mismo tiempo, como lo ha mostrado Sol Serrano (2008), buscó adaptarse a los nuevos tiempos y encontró espacios, en el ámbito público, para seguir desarrollando su labor. A pesar de todos esos contratiempos que le fue planteando el Estado republicano, la Iglesia nunca dejó de colaborar con él cuando coincidían en la preocupación por el bienestar físico o espiritual de determinados sectores o de la sociedad en su conjunto o cuando se veían involucrados los intereses nacionales.

Los pueblos originarios y la Iglesia en la República

Misiones en la Araucanía: Los franciscanos

A propósito de colaboración, resulta interesante analizar lo ocurrido con la población originaria, específicamente con los mapuches y fueguinos. La Emancipación y el nuevo orden político no modificaron la condición que gozaban los mapuches entre el Biobío y los alrededores de Valdivia, pero sí se vio afectada la labor que desarrollaba la Iglesia en esa región. Durante la época española, más allá del conflicto latente, había contactos diversos en esa zona entre indios e hispano-criollos. Y la labor misionera de las órdenes religiosas fue una de las formas de relación más importantes que se dieron en los siglos XVII y XVIII. Jesuitas y franciscanos, con métodos diferentes (Jorge Pinto, 1988), fueron los que llevaron adelante la tarea de evangelización de los indios rebeldes. Después de la expulsión de los jesuitas, los franciscanos asumieron todo el peso de la labor evangelizadora, que tendrá en el Colegio de Propaganda FIDE que habían fundado en Chillán en 1757 su centro más importante, del que dependían 14 establecimientos asentados en las regiones de Arauco y Valdivia, con un total de 47 religiosos (Marciano Barrios, 2003, 163). La Independencia afectó profundamente esa labor, que ya venía debilitada. En la guerra emancipadora los indígenas actuaron muchas veces apoyando al bando realista, del que también fueron fervientes partidarios los religiosos de aquel colegio, la mayoría peninsulares. A raíz de esto, las autoridades republicanas tomaron medidas de represalia y numerosos religiosos abandonaron el país, con lo que el conjunto de las misiones, incluidas las de Valdivia y Chiloé, quedaron en una situación muy precaria, al borde de su extinción.

Con la estabilidad institucional y política que se alcanza en la década de 1830, el tema de las misiones vuelve a adquirir importancia, pues el Estado las ve como un instrumento civilizador. Al indígena, que en el discurso emancipador es idealizado y presentado como el símbolo de la libertad, poco después se le verá como el bárbaro que debe tratar de ser integrado a la sociedad chilena mediante la educación y la formación religiosa. Ahí es donde las misiones deberían desempeñar un papel significativo. En suma, las misiones debían ser restablecidas. Primero, en 1831, se reabrió el Colegio de Chillán por disposición del Presidente Joaquín Prieto. Con posterioridad, merced a gestiones impulsadas por el gobierno, se obtuvo la aquiescencia de la Santa Sede para que se reclutaran misioneros italianos de la orden de San Francisco. En agosto de 1837 llegaron a Valparaíso 13 religiosos, a los que poco después se agregaron otros grupos, todos los cuales venían con el compromiso de servir como misioneros por 10 años (Sergio Uribe, 1988, 202, y Jorge Pinto, 1993, 125). Se distribuyeron en los establecimientos de Chillán, Valdivia y Chiloé para tratar de reactivar las misiones, lo cual pronto se mostró una empresa ardua y difícil. Uno de los logros más importantes de estos religiosos italianos fue la fundación en Castro, con el acuerdo del gobierno y de las autoridades eclesiásticas, de un Colegio de Propaganda FIDE para la formación de misioneros. El trabajo que desarrollaron los religiosos italianos se topó con innumerables obstáculos, que iban desde el escaso número de misioneros para la extensión del territorio y la cantidad de población, hasta la estrechez financiera, pasando por las incomprensiones de autoridades políticas y la actitud refractaria de los indígenas al mensaje de la nueva fe. Las autoridades consideraban que los resultados civilizadores de las misiones eran muy pobres, pero también les parecía que representaban prácticamente la única presencia efectiva de la institucionalidad republicana en el corazón de la Araucanía. Así que, no obstante el escepticismo respecto a sus logros, se las consideraba muy valiosas en el contexto de una política de incorporación al país de esa región, que también apostaba por un proceso de colonización, que no descartaba el uso de la fuerza.

Los capuchinos italianos

En virtud de ese planteamiento se decidió fortalecer a las misiones aumentando el número de religiosos, lo que permitiría llegar hasta el interior del territorio mapuche. Para ello se gestionó en Roma, con la Congregación de Propaganda FIDE y la Orden Capuchina, el envío de misioneros de dicha religión, comprometiéndose el gobierno chileno a costear el viaje y otorgar un estipendio a cada misionero. En octubre de 1849 llegaba el primer grupo de 11 misioneros capuchinos, a los que se fueron agregando otros en los años siguientes hasta superar el centenar hacia 1889. Recibieron 10 establecimientos, “empobrecidos y descuidados”, en la parte sur de la Araucanía. Problemas de jurisdicción con los franciscanos recoletos llevaron a una división del territorio a partir del río Imperial. Los capuchinos se hicieron cargo de la evangelización de la zona sur, incluyendo Valdivia y Chiloé, mientras que los franciscanos se mantendrían en la parte norte, que correspondía a la diócesis de Concepción. Los misioneros capuchinos fundaron nuevos establecimientos, algunos bastante al interior de la zona mapuche, y lograron establecer vínculos con algunos caciques. El Estado consideró cada vez más a las misiones como un método civilizador y menos como un proceso evangelizador (Julio Retamal y otros, 1966). Por lo mismo, ordenó que en cada misión se estableciera una escuela, en las que además de la instrucción religiosa, se enseñara la escritura y lectura del castellano y nociones de aritmética (Sol Serrano, 1995-1996, 435). A pesar de los escasos recursos, esa tarea se realizó e incluso algunos establecimientos contaron con internado. También se inició un trabajo misionero y educacional con niñas mapuches en el entendido que, una vez madres de familia, desde el hogar contribuirían a la irradiación de lo aprendido.

La labor misionera, difícil de por sí, se complicó aún más con el paso del tiempo. Se fueron conjugando factores de diversa naturaleza, que terminaron afectando negativamente el trabajo de los misioneros. Entre ellos estuvieron los trastornos políticos de 1851 y 1859, en los que participaron grupos de mapuches a favor de José María de la Cruz; la intentona de Olérie Antoine por crear el reino independiente de la Araucanía; el proceso colonizador de los chilenos, que se acentuó en la segunda mitad del siglo XIX, generando tensiones por la ocupación y adquisiciones fraudulentas de tierras; la estrechez económica en que se desenvolvían las misiones y el triunfo de la política pacificadora de la Araucanía utilizando la fuerza militar para lograr la incorporación definitiva de esos territorios. Los indígenas desconfiaban cada vez más de los misioneros, a los que suponían aliados con los colonos y los militares. Los religiosos se encontraron en una encrucijada. Por una parte, intentaban incorporar a la fe a los indígenas y también “civilizarlos”. Por otra, era evidente que sin el apoyo del Estado no hubiesen podido desarrollar la labor en que estaban empeñados. Los misioneros, fieles a su compromiso evangelizador, con todo lo que eso implicaba para la religiosidad y algunas costumbres de los indígenas, irán valorizando muchos aspectos de su cultura (Sergio Uribe, 1988, 222-223), y refutarán juicios negativos que se emitían sobre ellos, como su flojera, violencia y embriaguez. Respecto a esto último, parte de la responsabilidad se la atribuirán a los colonos, que los introducían y estimulaban en el vicio para obtener beneficios con la comercialización del alcohol (Sol Serrano, 1995-1996, 443). En su labor, los misioneros con frecuencia deberán enfrentar las críticas y oposición de funcionarios estatales, que llevados por prejuicios doctrinarios trataban de desacreditar el trabajo que desarrollaban. Y sin duda, lo más complejo tuvo que ver con los procesos de colonización y pacificación. Los misioneros, y la Iglesia chilena en general, desde muy pronto observaron críticamente lo que ocurría y alzaron su voz para defender los derechos de los indígenas. Los franciscanos Victorino Palavicino y Estanislao Leonetti se destacaron en ese aspecto y la Revista Católica en 1859 publicaba artículos contrarios a la ocupación militar de la Araucanía, que habría tenido como trasfondo la codicia de algunos grupos (Bengoa, 1987, 181).

Los capuchinos bávaros

Las dificultades eran enormes y los resultados, desde la propia perspectiva de los religiosos, limitados. Por lo mismo, el desaliento muchas veces se manifestará en algunos de ellos. Esto es especialmente notorio desde el momento que la guerra se entroniza en el territorio y los mapuches, en 1881, efectúan la última sublevación, que entre otras cosas, implicó la destrucción de varios establecimientos de misiones. A todo lo anterior se agregaba la escasez de religiosos. Los acontecimientos políticos de Italia paralizaron la salida de misioneros. Los Prefectos capuchinos clamaban a la Congregación de Propaganda FIDE por el envío de misioneros que permitieran salvar una obra de tantos años que estaba al borde de perderse. Finalmente hubo una respuesta favorable y la provincia capuchina de Baviera enviará en 1896 un primer grupo de misioneros. Los religiosos se fueron distribuyendo en las diferentes misiones, algunas de las cuales estaban sin sacerdote desde hacía varios años. En el año 1900 la Sagrada Congregación nombraba al padre Burcardo Rottingen, Prefecto Apostólico de la Araucanía y Superior Regular de los capuchinos, italianos y bávaros, que allí estaban. Las misiones entraron en una etapa de revitalización que se logró debido al entusiasmo y capacidades de los nuevos misioneros, que prontamente superaron la limitante idiomática. Los misioneros bávaros se fueron ganando la confianza de los indígenas, entre otras cosas, con la asistencia médica y la enseñanza de quehaceres prácticos. Un número no menor de los misioneros eran hermanos que tenían conocimientos de diversos oficios, los que les permitieron instruir a los indígenas en materias agropecuarias, carpintería y otras especialidades que se enseñaban en las escuelas técnicas que se instalaron en los establecimientos. Un hito importante en la labor misionera lo constituyó, a instancias de los padres bávaros, la llegada en 1901 de las religiosas de la Congregación Hermanas Maestras de la Santa Cruz de Menzingen, Suiza, que se instalaron en Río Bueno y que se dedicaron a la evangelización y educación de las niñas y jóvenes mapuches. A la primera fundación, pronto le sumaron los colegios de Villarrica y Puerto Saavedra y al poco tiempo tenían a su cargo más de siete establecimientos. También, estuvieron al frente de los hospitales de Río Bueno y La Unión. Su labor despertó gran admiración y atrajo a muchas jóvenes, que profesaron y se incorporaron a la orden (Sofía Blome, 1966).

Sin duda, uno de los aspectos más significativos en la labor de los padres capuchinos bávaros ha sido la defensa de los derechos de los indígenas. Los religiosos llegaron cuando se había concluido la pacificación y se enfrentaron con las consecuencias de ese proceso. Los indígenas habían sido instalados en reducciones, quedando las extensas tierras que alguna vez les pertenecieron en manos del Estado, el cual intentó una colonización con pequeños propietarios que a la larga fracasó, generándose en cambio extensos latifundios, que, por general, se conformaron torciendo la ley o engañando a los propietarios originarios o lisa y llanamente apoderándose de sus tierras, de las que terminaban siendo expulsados. Los religiosos capuchinos se comprometieron en una activa y tenaz defensa de los indígenas intentando evitar que fueran estafados. Recurrían a los tribunales y también a los periódicos e incluso no trepidaban en llegar a las más altas autoridades del país denunciando los abusos de que eran objeto por colonos y funcionarios. El padre Sigifredo, que se ganó el aprecio y reconocimiento de los mapuches por la incansable labor en ese aspecto, alcanzó tal ascendiente entre ellos que su influencia fue determinante en la convocatoria y celebración en 1907 del famoso Parlamento de Coz Coz o gran encuentro de jefes mapuches en que se denunciaron los atropellos que sufrían (Aldunate, 2006). Pero los padres capuchinos no se limitaron a la defensa de las tierras de indios, sino que además se preocuparon de rescatar y valorar la cultura mapuche. Aprendieron su lengua, escribieron diccionarios español-araucano y araucano-español, realizaron estudios lingüísticos del mapudungun y publicaron gramáticas y métodos para su enseñanza aprendizaje. Compilaron leyendas y cuentos araucanos que se publicaron bajo el título de “Lecturas Araucanas”. Se preocuparon de estudiar la botánica de la zona y recogieron el conocimiento que de ella tenían los indígenas. En artículos de prensa dieron a conocer la otra cara de la cultura mapuche, refutando los juicios negativos y denigrativos sobre ellos que se difundían en el medio chileno, en parte por quienes trataban de aprovecharse de esa imagen (Karl Kohut, 2006).

Desde el punto de vista administrativo, la Prefectura Apostólica de la Araucanía, que estaba a cargo de los padres capuchinos, en 1928 se transformaba en Vicariato, siendo monseñor Guido Berk de Ramberga su primer Vicario y la sede se trasladaba desde San José de la Mariquina a Villarrica. Finalmente, el 2002 el Papa Juan Pablo II elevó el vicariato a diócesis asumiendo la dignidad episcopal el padre capuchino de origen austriaco Sixto Parzinger. De ese modo, la labor de la Iglesia en el mundo mapuche, representada de manera especial por franciscanos y capuchinos, llegaba al siglo XXI sorteando los más diversos obstáculos e incomprensiones, pero también gozando de apoyos valiosos. La incorporación de los indígenas a la fe católica ha sido siempre el motor de toda su acción, que lleva aparejado el compromiso por su educación, la defensa de sus derechos y la revalorización de su cultura.

La Iglesia y los fueguinos

Los franciscanos en el extremo austral

La postura de la Iglesia respecto a los pueblos originarios la podemos también apreciar en toda su dimensión en el caso de los fueguinos, ese conjunto de pueblos nómades que habitaron el extremo austral del país. La presencia de la Iglesia en esas inhóspitas tierras va de la mano de los intentos del Estado por ocuparlas y ejercer soberanía. Desde la fundación del Fuerte Bulnes hubo sacerdotes que en calidad de capellanes acompañaron al personal allí destinado. Hasta el motín de los Artilleros de 1878, pertenecieron a la Orden de San Francisco y dependieron de la Prefectura de Misiones de Chiloé. Las vicisitudes que pasaron los religiosos en esas tierras fueron a la par de las que experimentó la Colonia, en donde la precariedad de las condiciones de vida y la violencia cobraron numerosas vidas, incluidas las de algunos capellanes. La labor fundamental de éstos se centró en los colonos, aunque también se interesaron por los indígenas e intentaron un acercamiento con miras a una posible evangelización (Lorenzo Massa, 1945, 241); sin embargo, esto no pasó más allá de contactos esporádicos e infructuosos debido al cúmulo de circunstancias adversas, partiendo por la falta de sacerdotes, las múltiples obligaciones asociadas al cargo de capellán, la falta de recursos de todo tipo y las peculiaridades de la propia población indígena, entre las que el nomadismo constituía una limitante considerable.

Las misiones de los salesianos

La situación cambiará de manera sustancial con la llegada a Punta Arenas de los salesianos en 1887. Las gestiones para que vinieran a Chile las iniciaron Abdón Cifuentes y el presbítero Blas Cañas, que habían conocido a don Bosco y su obra en Italia. Pero tras esta venida hubo un componente sobrenatural que fue determinante. Don Bosco experimentó una serie de visiones y profecías que tuvieron por centro la Patagonia argentina-chilena y los pueblos indígenas que la habitaban. En uno de esos sueños, que narró a sus colaboradores, describía el siguiente escenario: “Me pareció hallarme en una región salvaje… Era una inmensa llanura, en la que no se distinguían colinas ni montañas… Multitud de hombres recorrían esa llanura. Iban casi desnudos, eran de altura y estatura extraordinaria, aspecto feroz… Por un lado combatían entre sí, por otro luchaban contra soldados vestidos a la usanza europea… Reconocí a Misioneros de varias Órdenes… pero los bárbaros apenas los vieron… Vi cómo nuestros misioneros se adelantaban entre aquellas hordas salvajes; les instruían y ellos escuchaban complacidos…” (Carolina Odone y Pedro Mege, 2007, 39).

La primera expedición a América de misioneros salesianos llegó a Argentina en 1875 y uno de los diez miembros que la integraban era José Fagnano, el cual desarrolló una activa labor en la zona de Nahuel Huapi y Viedma. En 1883 la Santa Sede creó la Prefectura Apostólica de la Patagonia Meridional y Tierra del Fuego, nombrando Prefecto al Padre Fagnano, quien después de diversas vicisitudes llegó a Punta Arenas en julio de 1887 para hacerse cargo de la Prefectura. Desde un comienzo desarrolló una gran actividad que le permitió a fines de año contar con una capilla, un oratorio para niños y una escuela. También entró en contacto con la población indígena de la Isla Grande y de los archipiélagos, ganándose su confianza y aprecio, lo que le permitió iniciar la evangelización. Como requería colaboradores, partió a Italia en su busca y regresó con seis padres salesianos y cinco Hermanas de María Auxiliadora. Una experiencia fallida y penosa, la muerte por pulmonía de dos familias fueguinas que lo habían acompañado desde su instalación en Punta Arenas, lo llevó a pensar otra fórmula para proteger a los indígenas: establecerlos en una misión. En 1889 se inicia lo que será una de más notables y desgraciadas epopeyas emprendidas en el Chile republicano: la construcción de la Misión de San Rafael en la Isla Dawson. Con la ayuda de peones, se levantaron viviendas para los misioneros y los indígenas y se introdujo ganado bovino y ovino. En 1890 el padre Fagnano, después de una entrevista con el Presidente Balmaceda, obtuvo la concesión de la isla por 20 años, con el objeto, según el decreto, de civilizar a los indígenas y facilitar la colonización de esos apartados territorios (Fernando Aliaga, 1981). Los indígenas alacalufes por propia iniciativa y de a poco se fueron acercando a la misión, donde les repartían alimento, los aseaban y daban vestidos. Eran catequizados y también se les instaba a realizar algunos trabajos, como cortar leña y limpiar.

En corto tiempo se levantaron diversos edificios: iglesia, enfermería, escuela y un monasterio para las religiosas de María Auxiliadora, que en 1890 habían sido enviadas a la isla. También se construyó una panadería y otros establecimientos para elaborar algunos productos que permitieran el autofinanciamiento de la misión, como quesería, talleres de hilado y costura, curtiduría y aserradero a vapor y un muelle para facilitar la carga y descarga. Cada familia tenía su propia casa, de una sola habitación y en la que preparaba su comida. La labor educacional de niños y niñas resultó exitosa, muchos aprendieron a leer y escribir y se contó hasta con una escuela de música. La evangelización también tuvo algunos resultados, no obstante las dificultades. Los indígenas aprendían las oraciones principales, participaban en los ritos y ceremonias y recibían los sacramentos. Los misioneros trataron de instaurar el matrimonio católico, logrando que prevaleciera la monogamia, aunque menos resultados tuvieron con las cohabitaciones. Algunas personalidades consideraban que los salesianos estaban realizando no sólo una labor civilizadora, sino también hacían una obra patriótica y de seguridad nacional (Lorenzo Massa, 1945, 333). El Presidente Federico Errázuriz, con ocasión del encuentro en el Estrecho con el general Roca en 1899, visitó la Misión de San Rafael y quedó muy impresionado con la obra realizada. Sin embargo, doce años después, al cumplirse los 20 de la concesión gubernamental, el padre Fagnano no solicitó su renovación, optando por abandonar la isla. Los religiosos y la mayoría de los indígenas que quedaban fueron trasladados a la Misión de la Candelaria, que los salesianos tenían en la parte argentina de la isla grande de Tierra del Fuego. Otros fueron instalados en los colegios y residencias de la orden en Punta Arenas. ¿Qué había pasado para que se tomara una decisión tan radical? Diversos factores llevaron a esa situación. Siempre hubo una fuerte oposición a la obra que realizaba la Misión. Se acusó reiteradamente al padre Fagnano de enriquecerse a costa de los indígenas y de oponerse a la colonización de esas tierras. Muchos funcionarios públicos no lo apoyaron, sobre todo gobernadores de la región. Había numerosos intereses creados en torno a la ocupación de las tierras australes y los indígenas constituían un obstáculo para el desarrollo de las empresas de colonización. Los indígenas de Tierra del Fuego eran exterminados violentamente por los colonizadores que veían amenazados sus ganados por los indígenas. Presionaron para que fueran llevados a la isla Dawson y de esa manera liberarse del problema. Pero, sin duda, uno de los aspectos que más influyeron en el ánimo del padre Fagnano fue la muerte masiva que experimentaban los indígenas en la Misión. Muchos de ellos llegaban ya enfermos, principalmente de tuberculosis y a pesar de los cuidados no reaccionaban. Ver morir a tantos niños resultaba muy fuerte y frustrante para los religiosos y religiosas. La situación no tenía salida, se iba hacia la rápida extinción de los indígenas. Nada lo podía impedir, ya que desde que se había producido el contacto con los colonos quedaron a merced de las enfermedades y sin sus medios tradicionales de subsistencia. El cementerio de la Misión, en crecimiento incesante, con sus cientos de cruces, fue el símbolo de una empresa heroica, que no tenía posibilidades de llegar a buen término.

Hasta bastante avanzado el siglo XX los salesianos continuaron su obra evangelizadora y de ayuda a los indígenas australes desde la Misión de la Candelaria. En el territorio chileno el trabajo quedó a cargo del Vicariato Apostólico de Magallanes, que en 1916, después de la muerte de monseñor Fagnano, reemplazó a la Prefectura Apostólica. La Iglesia, a través de los salesianos y de las hermanas de María Auxiliadora, en el fondo buscó salvar espiritual y físicamente a los fueguinos de un proceso de extinción ya muy avanzado y lo hizo respondiendo a una visión sobrenatural del padre fundador de la orden. No lo consiguió, los pueblos se extinguieron, pero los religiosos lograron preservar elementos de su cultura. Ellos nos dejaron numerosos testimonios de su experiencia, recogieron mucha información sobre sus tradiciones e hicieron estudios sobre sus costumbres y lenguas. Buena parte del conocimiento antropológico que tenemos de ellos es producto de trabajos realizados por religiosos. Pero todavía más valioso resulta el compromiso generoso que tuvieron con una empresa que buscaba rescatar espiritual y físicamente a unos pueblos que habían perdido las bases de su existir.

La Iglesia y los pobres

Este ha sido un tema consustancial al desarrollo histórico de la Iglesia universal y lógicamente también de la chilena. Lo que a nosotros nos interesa mostrar es la labor que desarrolló en este campo y la manera como lo hizo. El Chile republicano, como se ha señalado, generó cambios significativos en la relación Iglesia Estado. Sin embargo, por sobre las diferencias que se fueron presentando, hubo coincidencias a la hora de enfrentar el tema de los pobres; se estimaba que a través de la caridad se los podía ayudar a superar su situación, a regenerarse y a transformarse en personas útiles para la sociedad. De manera no explícita, en la primera mitad del siglo XIX, ambas instituciones se dividirán el quehacer en este campo a partir de los criterios que la sociedad post revolucionaria había marcado para diferenciar el ámbito de acción privada del que correspondía al quehacer público: la caridad y la beneficencia.

El asociacionismo caritativo

La caridad, en cuanto una virtud que lleva al amor a Dios y al prójimo, ha impulsado de siempre el acercamiento y el auxilio de los católicos a las personas desvalidas y miserables. Durante la época hispana, por lo general, la labor caritativa se ejercía de manera individual. Con la llegada de la República y la influencia del catolicismo ilustrado, la caridad respecto de los pobres se tratará de practicar, sobre todo, a través de organizaciones sociales creadas específicamente con ese objeto. Se trataba de ir más allá de la limosna tradicional, buscando la manera de rescatarlos moralmente, para hacer de ellos personas de bien, provechosos socialmente (Macarena Ponce de León, 2007). El Estado se concentró en las instituciones de beneficencia heredadas del período hispano que socorrían las diferentes manifestaciones de la pobreza, como el enfermo, el indigente, el huérfano y la recogida. La beneficencia fue entendida como el ejercicio institucional de la caridad y si bien será de responsabilidad estatal, la Iglesia y los católicos también participarán en ella, colaborando en la administración, financiamiento y gestión de los establecimientos, pero siempre en el contexto de un proceso de secularización de los mismos que se fue acentuando a lo largo del siglo XIX. De hecho la beneficencia laica terminó desprendiéndose de su sentido religioso para ser entendida como ayuda al desamparado por razones de orden y justicia (Rodrigo Hidalgo y otros, 2005).

Antes de la agudización de los conflictos entre la Iglesia y el Estado, se negoció la llegada de congregaciones religiosas extranjeras para que asumieran la operación de algunas de las instituciones de beneficencia que carecían de personal calificado. Eran congregaciones misioneras francesas de vida activa que habían respondido con eficacia a los desafíos que se le habían planteado al catolicismo después de la revolución (Sol Serrano, 2000). Las Hermanas de la Caridad a partir de 1854 asumían la atención de los enfermos en los hospitales; las Hermanas de la Providencia, pocos meses antes, se habían hecho cargo de la Casa de Expósitos; las del Buen Pastor, en 1855, hacían lo propio con la Casa de Corrección de mujeres. A ellas deben sumarse las religiosas del Sagrado Corazón, llegadas en 1838, y que se dedicaron a la educación de las jóvenes de elite, pero que también instalaron colegios para niñas pobres. Estas religiosas de vida activa practicaban la caridad con los pobres como parte de su acción pastoral y lo hacían fuera del convento, comprometiéndose en labores de gran significación social, lo que les mereció ser validadas por el mundo liberal (Macarena Ponce de León, 2007).

Paralelamente, surgían nuevas formas de asociaciones religiosas formadas por laicos, con asesoría de clérigos y estrecho compromiso con la jerarquía, que tenían como centro de su quehacer la ayuda a los pobres. Estas instituciones son diferentes a las de la época hispana, que se orientaban a una práctica piadosa en torno a un patrono y buscaban la ayuda mutua de los cofrades. Las que se crean a partir de mediados del siglo XIX tratan de vivir la religiosidad haciendo efectivo el amor por el próximo. El auxilio estaba orientado a personas ajenas a la corporación. La más antigua, la Hermandad de Dolores, creada por los patriotas desterrados a Juan Fernández, conocerá un fuerte impulso en las décadas siguientes y recibirá la bendición y apoyo de la autoridad eclesiástica. Sus miembros visitaban a los enfermos pobres en sus casas, para entregarles apoyo espiritual y ayuda sanitaria. De las nuevas organizaciones, una de las primeras que se constituyen es la denominada Sociedad Beneficencia de Señoras, integrada por mujeres de la elite social y estrechamente vinculada a las Hermanas de Caridad, con las que colabora en la asistencia a los enfermos visitándolos en sus casas y dispensarios. En la década de 1870 se habían extendido por diversas ciudades y desempeñaron un papel importante en el desarrollo de redes sanitarias para combatir las epidemias. Otra asociación femenina de caridad fue la Congregación del Salvador, que se preocupó especialmente del cuidado y educación de niñas huérfanas y abandonadas.

Sin duda, la más importante de esas corporaciones fue la Sociedad de San Vicente de Paul, que, como rama de la organización que con el mismo nombre se había fundado en Francia en 1833, se estableció aquí en 1855 a instancias del presbítero Joaquín Larraín Gandarillas y del obispo Hipólito Salas, con la autorización del arzobispo. En ella participaban solo varones pertenecientes a los sectores acomodados, que, a través de la caridad con los pobres, buscaban un enriquecimiento espiritual. Una de las actividades principales que los socios debían desarrollar era la visita a las familias pobres en sus casas para confortarlos espiritualmente y ayudarlos con vestidos, combustible y bonos de alimentación. El sistema de visitas funcionó a medias, pero la institución sí tuvo logros significativos en otras tareas que emprendió. A través de las denominadas Conferencias de San Vicente de Paul, que era la estructura base de la organización, fue como se expresó la nueva forma de hacer la caridad. Ahora, el objetivo era tratar de sacar al pobre de su situación. No de darle solo una limosna para satisfacer una necesidad puntual, sino de generarle las condiciones para integrarlo efectivamente a la sociedad. Por ello, pondrán énfasis en la educación y especialmente en la enseñanza técnica; de hecho la Casa Talleres de San Vicente de Paul, fundada en 1855, es la escuela técnica más antigua del país. También, buscando la integración social de los pobres se crearon los Patronatos de jóvenes obreros, como el Santa Filomena, que pretendía contribuir a la formación moral y religiosa de la juventud trabajadora, mediante conferencias, convivencias y sanas entretenciones, a lo que se agregó ya avanzado el siglo XX la participación en la construcción de habitaciones obreras, con lo que trataban de rescatarlos de un entorno degradante y malsano (Pilar Hevia, 2004. Rodrigo Hidalgo y otros, 2005).

La cuestión social

Desde la década de 1870 el país comenzó a experimentar un fuerte incremento de la población urbana, lo que provocó cambios profundos en la estructura social y en las condiciones de vida de la población. Santiago, que en 1865 tenía 115 mil habitantes, en 1907 superaba los 330 mil. Una expansión de esa magnitud, producto de la migración campo ciudad, generó problemas de diversa naturaleza, como la escasez de vivienda, la marginalidad urbana, la creciente insalubridad, el desarraigo, el alcoholismo, la desintegración familiar, la carencia de trabajo, la carestía de las subsistencias y la depresión de los salarios. A ello se agregaba el resentimiento, el descontento social y la penetración de doctrinas extremistas. En la época, todos esos trastornos fueron sintetizados en dos palabras: la cuestión social. Por cierto, este gran tema no era algo exclusivo de Chile, sino que correspondía a un fenómeno mundial y especialmente en Europa había generado debates, estudios y acciones concretas para enfrentarlo. En los círculos católicos europeos, laicos y eclesiásticos abordaron el tema desde la perspectiva de la fe, proponiendo caminos para mejorar las condiciones materiales y espirituales de los obreros. La mayoría de ellos consideraba que, en gran medida, el origen de los males estaba en la exacerbación del individualismo posterior a la revolución francesa y que el asociacionismo, es decir, la formación de corporaciones, podía ayudar a enfrentar mejor la cuestión social (Patricio Valdivieso, 2006, 173 y ss.). Sacerdotes y laicos católicos de la elite, en sus viajes por Europa, conocieron obras y autores que trataban esos temas y también tomaron contacto con algunas de las experiencias que en ese campo se habían realizado. De vuelta en Chile intentaron replicarlas, como lo hizo Abdón Cifuentes en 1878 con los círculos obreros, con el objetivo de unir, moralizar e instruir a los obreros católicos.

La encíclica Rerum Novarum de León XIII contribuyó significativamente a la toma de conciencia del problema. El arzobispo Mariano Casanova se preocupó de su difusión e hizo un llamado para que se recogieran las recomendaciones expuestas en ella. Acogiendo esa convocatoria, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica se desarrolló una importante labor académica en torno a esa temática, en la que se destacaron Francisco de Borja Echeverría y Juan Enrique Concha. Este último creó una cátedra de Economía Social en la que se daban a conocer las orientaciones pontificias y el pensamiento de los autores católicos sobre la materia y además estimuló las investigaciones sobre las condiciones de vida del mundo obrero, que dieron origen a importantes trabajos. De ese modo desde la cátedra universitaria se desarrolló una activa labor de difusión de la doctrina social de la Iglesia, que se proyectará a la esfera pública a través de acciones de diversa naturaleza. Esos profesores y otros profesionales conscientes del problema, pertenecían al partido conservador, que se identificaba con los principios católicos y aspiraba a que la sociedad se guiara por ellos. Al interior del partido difundieron el catolicismo social y algunos, en su calidad de parlamentarios, presentaron proyectos para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Sus propuestas en este campo, siguiendo los planteamientos de la Encíclica Rerum Novarum, implicaban una crítica al liberalismo económico y abogaban por una intervención del Estado que protegiera a los sectores sociales más débiles.

La habitación obrera y legislación social

Pero la respuesta de los católicos a las demandas pontificias en esta materia no se limitó al plano de la reflexión y estudio, sino que también se emprendieron iniciativas que apuntaban a uno de los problemas capitales de la cuestión social, el de la vivienda. Para muchos dirigentes católicos de la época, buena parte de los males físicos y morales que afectaban a la familia obrera se originaba en las deplorables condiciones de sus casas, los denominados conventillos, que se constituyeron en la habitación obrera por antonomasia de fines del siglo XIX y comienzos del XX. El conventillo, por lo general una sola pieza, sin ventilación y sin cocina ni baño, en la que dormían adultos y niños, era visto no sólo como algo insalubre, y por lo tanto foco de todo tipo de enfermedades, sino también como causa de la degradación moral de las familias. Si se buscaba mejorar sus condiciones de salud y rescatarlas de los vicios, una de las prioridades pasaba por poner a su alcance habitaciones higiénicas y baratas. Coincidiendo con la publicación de la Encíclica Rerum Novarum dirigentes católicos, con el apoyo del arzobispo, crearon las primeras instituciones del país que se aplicarían específicamente a construir viviendas para obreros. Fueron las fundaciones León XIII y Sofía Concha, tras las cuales estuvieron Melchor Concha y Toro y su hijo Juan Enrique Concha Subercaseaux. A ellas les siguieron otra serie sociedades, algunas fundadas ex profeso y otras ya existentes que añadieron ese nuevo objetivo, como varios de los patronatos dependientes de la Sociedad de San Vicente de Paul. La labor que desarrollaron en este campo desde fines del siglo XIX fue de gran significación, pues con ellas se inició un proceso completamente nuevo en el país, el que se proyectará en el tiempo, con efectos sociales y urbanísticos. Estas instituciones privadas de beneficencia católica construyeron las primeras poblaciones obreras del país, con casas de material sólido, de dos o tres habitaciones, con agua potable y baño. Por lo general se arrendaban a valores inferiores a los del mercado y después de 10 o 15 años pasaban a ser propiedad de los arrendatarios. Se levantaron en diversas partes de la ciudad y no implicaron una segregación social. Entre las más importantes estuvo la población León XIII, que se construyó a los pies del cerro San Cristóbal, en la zona de Bellavista, constituida por 146 viviendas, más equipamiento comunitario, entre el que se destacaba la capilla, una escuela y un teatro. Otra fue la población Pedro Lagos, en la calle del mismo nombre, que se componía de 133 pequeños departamentos. Hacia 1920, las diversas instituciones católicas habían construido más de mil viviendas para obreros y de hecho se constituyeron en una referencia para la labor que posteriormente desarrollará el Estado en este campo. Además, las primeras iniciativas llevadas a cabo por esas instituciones fueron esgrimidas como antecedente al debatirse en el congreso la ley de habitaciones obreras aprobada en 1906 (Rodrigo Hidalgo y otros, 2005). En materia de legislación social, varios parlamentarios del partido conservador, comprometidos con las ideas del catolicismo social, tuvieron una activa participación, al punto que prácticamente casi todas las iniciativas que se debatieron y transformaron en leyes antes de 1920 se gestaron en propuestas de ellos o los tuvieron como promotores entusiastas. Todavía más, en 1919 un grupo de senadores conservadores presentó un proyecto muy completo de legislación social, que regulaba las relaciones laborales. Esta propuesta se sumó a otra que presentaron parlamentarios liberales, con la que resultaba coincidente en muchos puntos, de tal manera que las leyes sociales dictadas por Alessandri en 1924 y el posterior Código del Trabajo de 1931 contienen conceptos que estaban en el ideario de los sectores identificados con el catolicismo social (James Morris, 1967). Tras esta labor desarrollada por laicos católicos estaba el magisterio eclesiástico que ejercían las máximas autoridades de la Iglesia chilena, como los arzobispos Juan Ignacio González, el arzobispo de los pobres, y Crescente Errázuriz. El primero de ellos publicó en 1910 una pastoral sobre la cuestión social y, en adhesión al centenario de la República, celebró en septiembre del mismo año el Congreso Social Católico en el que se abordó una gran variedad de temas, desde la educación popular y la femenina, hasta la habitación obrera, el alcoholismo, el descanso dominical y la situación de los trabajadores del campo (Juan Ignacio González Errázuriz, 2003). Por su parte, monseñor Errázuriz, en 1921, publicó una pastoral sobre la Acción Social, a la que deben agregarse las de Gilberto Fuenzalida, obispo de Concepción, publicada en 1919, y la de José María Caro, Vicario Apostólico de Tarapacá, de 1922. A esas y a otras cartas pastorales se suma una cantidad significativa de artículos sobre esa temática publicados en la Revista Católica, que contribuyeron a la difusión del pensamiento social católico. La cuestión social se manifestaba no sólo en los problemas de vivienda, salubridad y trabajo, sino también en la desintegración familiar y el abandono de niños. Laicos católicos, estimulados por la Encíclica de León XIII, crearon diversas instituciones para tratar de paliar esta última y penosa situación. Una de ellas, cuya evolución se proyecta hasta el presente, fue la Sociedad Protectora de la Infancia, fundada en 1894 por un grupo de señoras de la clase dirigente, encabezadas por Emiliana Subercaseaux, esposa de Melchor Concha y madre de Juan Enrique Concha. Con donaciones, aportes personales y apoyo estatal, instalaron un asilo para acoger a niños abandonados y maltratados, el que al poco tiempo será administrado por una congregación religiosa chilena fundada al efecto: las Hijas de San José Protectoras de la Infancia. A ese hogar se agregará más adelante un dispensario para madres de familia de escasos recursos a las que se proporcionaba alimentación y vestuario, tanto para ellas como para sus hijos, y en donde podían disponer de instalaciones para su aseo personal y preparar sus comidas.

La crisis económica de 1930-1931 les dio un nuevo impulso a las materias sociales al generar una cesantía extraordinaria y provocar un incremento de la miseria que afectó la subsistencia de mucha gente. Dado el carácter de catástrofe mundial del colapso, que coincidía con la conmemoración de los 40 años de la Encíclica Rerum Novarum, el Papa Pío XI publicó la Encíclica Cuadragesimo Anno, en la que se reafirmaban los conceptos de la anterior carta e insistía con mayor profundidad en algunos, como el derecho de propiedad y sus limitaciones, las obligaciones del capital y del trabajador y los derechos de éste a ser retribuido de acuerdo a criterios de justicia social. Las propuestas de esta Encíclica alcanzaron gran receptividad en la juventud católica, que tuvo un marcado protagonismo en la década de 1930. A través de la Asociación de Estudiantes Católicos, de los círculos de estudio y de la Acción Católica, los jóvenes se dedicaron a difundir las ideas centrales de la Encíclica, se acercaron a las organizaciones obreras e incluso formaron asociaciones que reunían estudiantes universitarios, profesionales jóvenes y obreros, como La Liga Social. Todas esas organizaciones tenían como directivos o asesores a miembros del clero, que desempeñaron un papel muy activo en la formación doctrinaria de esos jóvenes y en la estructuración de instituciones que los agrupaban. Ese fue el caso de Fernando Vives y del padre Alberto Hurtado. Varios de los estudiantes católicos de esa generación se comprometieron en la actividad política y constituyeron la Falange Nacional, que en la década de 1950 terminará formando el Partido Demócrata Cristiano.

Los nuevos desafíos

La Iglesia, si bien reconoce la importancia de la acción política, tratará de que no se confundan las esferas de lo religioso y lo político, y la separación y autonomía de ellas será el objetivo a alcanzar, que no siempre fue apreciado ni claramente asumido por muchos laicos y eclesiásticos. La institución que mejor recogía los nuevos criterios en ese ámbito y definía el papel que los laicos debían cumplir en relación con la Iglesia era la Acción Católica, establecida en Chile en 1931. Pretendía hacer realidad el reinado de Cristo en la Tierra y, en ese contexto, la acción social, considerada como un verdadero apostolado, era fundamental. Esta asociación integró a varias de las otras organizaciones católicas de la época, como la ANEC, la Juventud Católica Femenina, la Juventud Obrera Católica (JOC) y otras. La Iglesia, a partir de la década de 1930, sin abandonar los ámbitos tradicionales de compromiso con los pobres, tenderá a concentrar más sus esfuerzos en los marginales urbanos y en la situación de los campesinos. En ese sentido, es paradigmática la labor que desarrollan el padre Alberto Hurtado y monseñor Manuel Larraín, pues en esos dos grandes focos concentrarán buena parte de su acción. Este último se jugó por cambios profundos en el mundo rural, transformándose en un precursor de los fenómenos que en esa área se producirán en las décadas siguientes. El padre Hurtado, por su parte, cuya acción se centrará de preferencia en el mundo urbano, pondrá atención en los más desamparados de la ciudad, en los niños huérfanos o abandonados y en los indigentes, para los que crea en 1946 el Hogar de Cristo, institución que con el tiempo adquirió una dimensión notable, con plena vigencia en la actualidad, como un faro que recuerda constantemente a la sociedad su obligación con los desposeídos.

La vivienda obrera siguió estando entre las preocupaciones centrales de la Iglesia. El propio Padre Hurtado hará referencia a este tema de manera reiterada, por considerar que solo en una vivienda digna el trabajador podía desarrollarse como persona (Alberto Hurtado, 2004, 66-72). En el contexto del crecimiento urbano del país, el conventillo pasó a un segundo plano, mientras las poblaciones “callampas” se transformaban en el símbolo de la marginalidad moderna. Frente a este problema nuevamente la Iglesia se empeñará en ayudar a quienes vivían esa realidad. Realizará una labor apostólica en ellas y en los denominados campamentos, que se generarán a impulsos del desarrollo contemporáneo. Siempre se preocupará de dar un apoyo espiritual a los pobladores, pero, además, también emprenderá iniciativas que permitieran a las familias superar la situación en que se encontraban. La caridad se interpretará en un sentido más amplio, pues debía implicar el respeto al otro como ser humano, imagen de Dios (María Antonieta Huerta, 1991). En la práctica, eso debía traducirse en el pago de un salario justo que les permitiera desarrollarse como personas. Ante el drama social que se vivía en las poblaciones marginales, la Iglesia se involucrará en el reparto de alimentos a través de Caritas Chile, establecida en 1956 (Raúl Silva Henríquez, 1991). Respecto al tema específico de los sin casa, la Iglesia actuará, entre otras instituciones, a través del Hogar de Cristo y de Caritas Chile, que colaborarán con los planes habitacionales oficiales y también llevarán adelante sus propias iniciativas, aportando terrenos y viviendas de emergencia o mejoras (El Mercurio, 3/05/1959). La Iglesia, a través de la historia republicana, no sólo ha ayudado a los pobres carentes de un techo digno, sino que también influyó en las políticas de vivienda aportando a la legislación, construyendo poblaciones y participando en las soluciones habitacionales a los pobladores.

Esta apretada relación del compromiso que la Iglesia chilena ha tenido con los pobres durante la República, necesariamente es incompleta. Ha quedado fuera toda la ingente labor desarrollada por las órdenes y congregaciones religiosas, que han tenido entre sus preocupaciones centrales el auxilio de los más desvalidos y marginados.

En suma, la acción de la Iglesia a favor de los pobres y de los pueblos originarios, como hemos visto, ha sido una tarea permanente y difícil por los numerosos obstáculos. No siempre sus planteamientos y actuaciones fueron bien comprendidos. Muchas veces debió sobreponerse a la indiferencia e incluso oposición de grupos y personas que se sintieron afectadas con las iniciativas que impulsaba. Incluso dentro del mismo seno de la Iglesia no siempre hubo criterios comunes frente a determinadas acciones y más todavía si englobamos al conjunto de los católicos. Esto se explica, en parte, porque a veces las propuestas nacidas ya sea en el seno de la jerarquía eclesiástica, de instituciones religiosas o de dirigentes católicos laicos, se referían a cuestiones controvertidas o que no estaban asumidas por la sociedad. De hecho, muchas de las iniciativas fueron precursoras e implicaron poner en discusión asuntos que hasta ese momento no formaban parte de la agenda pública. La Iglesia, superando las suspicacias y a veces el abierto rechazo, logró posicionar muchos de estos temas, con más o menos éxito, y su acción contribuyó a aliviar muchas dificultades, pero siempre sin perder el objetivo central de ayuda al prójimo en un sentido evangélico y, también, teniendo claro que ello iba a redundar en una sociedad más justa y en el engrandecimiento del país.


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