El Mercurio, martes 13 de junio de 2017

Entre las múltiples inconsistencias del proyecto de ley que permite el aborto bajo tres causales, que se está tramitando actualmente en el Senado, se encuentra lo referido a la objeción de conciencia. Según el proyecto en su forma actual, aprobado por la Cámara y despachado por la Comisión de Salud del Senado la semana pasada, solo podrán objetar en conciencia los médicos cirujanos, no así el resto del personal colaborador en este tipo de acciones, tales como médicos anestesiólogos, matronas, enfermeras, técnicos, auxiliares, etcétera. Hasta el momento, los legisladores no han explicado esta discriminación.

Además, todos los establecimientos de salud, como hospitales, clínicas universitarias y privadas, cuyo ideario u orientación institucional tenga una clara opción a favor de la protección y defensa de la vida humana siempre y en toda circunstancia, podrían verse obligados a ir en contra de sus definiciones institucionales, pues tendrían que aceptar la realización de abortos en sus dependencias, al establecerse que son una legítima prestación de salud. Por el contrario, es necesario garantizar la libertad de los centros hospitalarios que han afirmado de manera clara y definitiva que no harán abortos, conforme a sus idearios institucionales.

Desde esta perspectiva, el mencionado proyecto de ley es una muy mala noticia para nuestro país, pues se estaría abriendo aún más la puerta para que el Estado arrebate a los ciudadanos su libertad para decidir a favor de la protección de la vida de un ser humano, frente a situaciones extremadamente importantes y graves. No es humano, ni democrático, ni cívico que el Estado imponga a parte del personal de salud, ni a nadie, una conducta que no solo va en contra de su discernimiento en conciencia, pues comprende con claridad que es un mal al que lo obligan, sino que también va en contra de su compromiso por custodiar y salvar la vida humana, lo que en sí mismo es un bien.

Lo mismo ocurre con las instituciones que consideran que su acción médica está destinada a cuidar la vida y no a destruirla. ¿Acaso el Estado puede decidir por ellas? Esperamos que los legisladores comprendan las graves consecuencias que una ley de este tipo puede traer a nuestro país. No queremos un Estado que decida por nosotros, anulando nuestras conciencias y opciones por el bien, y vulnerando nuestra libertad, sino más bien un Estado que nos ayude a personas e instituciones a desarrollar nuestras originalidades en pos del bien común, a hacer el bien posible y nunca dañar a otros.

+ Fernando Ramos Pérez
Obispo Auxiliar de Santiago Secretario General de la Conferencia Episcopal de Chile