Medio a medio de un largo siglo sindical, el padre Hurtado ejerció un enorme flujo dignificador del trabajador.

 La historia de las encíclicas sociales, de Rerum Novarum (1891) a Centesimus Annus (1991), más los once años transcurridos hasta hoy, en el 2002, enmarcan el devenir del sindicalismo chileno, desde que éste no era conocido ni aceptado, hasta la vigencia, a contar del 1 de febrero de 2000, de los Convenios Internacionales del Trabajo de la OIT, emblemáticos del derecho de asociación sindical: el 87, sobre libertad sindical, y el 98, sobre negociación colectiva. Suelen llamarse “encíclicas aniversarias” las publicadas en recuerdo y homenaje de la Rerum Novarum, de 15 de mayo de 1891. Son ellas: Quadragesimo Anno (15 de mayo de 1931); Mater et Magistra (15 de mayo de 1961), Octagesima Adveniens (aunque no es técnicamente encíclica, se la incluye, por su contenido y haber sido publicada el 15 de mayo de 1971), Laborem Exercens (que debió conocerse el 15 de mayo de 1981, pero el atentado contra la vida del S.S. Juan Pablo II, demoró su publicación hasta octubre), y Centesimus Annus (publicada el 15 de mayo de 1991), al cumplirse un siglo de conocida Rerum Novarum).

La década que sigue a Centesimus Annus, completando ciento once años en mayo del 2001, culmina en el cambio de siglo, y marca una especie de coronación de la lucha por hacer del sindicalismo una herramienta humanista, expresión del libre e inalienable derecho de asociarse, no sólo de los trabajadores dependientes para la defensa y promoción de sus derechos laborales en la empresa, sino de los trabajadores independientes para la promoción y defensa de su profesión –cualquiera sea el lugar y forma en que la ejerciten-, o, cuestión con frecuencia olvidada, para emprender asociadamente la producción de bienes y servicios mediante la organización de empresas, que son las que generan empleo, y, por consiguiente, la posibilidad de dar trabajo remunerado, constituir fondos previsionales y proporcionar condiciones de vida personal y familiar, calificación profesional y mejor productividad al trabajador.

Las empresas pueden ser grandes (200 o más trabajadores); medianas (entre 50 y 199); pequeñas (entre 10 y 49), o microempresas (9 o menos). Las más pequeñas de éstas se confunden con las empresas unipersonales, que abundan y consisten en el derecho de un trabajador a establecerse independientemente con un pequeño taller, u ofreciendo sus servicios profesionales como zapatero remendón, gásfiter, jardinero, costurera, etc.

La expresión libertad sindical en rigor es una imperfecta traducción del inglés, pues el Convenio Internacional del Trabajo nº 87 ampara el derecho de todo hombre a asociarse libremente, sea para defender o promover sus condiciones de trabajo en empresas establecidas, o para organizar empresas y, a su vez, asociarse como empresarios, derecho que no podría existir si no hubiera empresas. Por eso, después de un debate interesante en los inicios de la OIT, en 1919, se acordó la estructura tripartita –Estados, empleadores y trabajadores- y cuando se aprobó el Convenio 87 sobre libertad de asociación, quedó muy en claro que se amparaba el libre derecho de asociarse para los que trabajan como dependientes de empresas establecidas, o para quienes lo hacían ejerciendo la libertad de emprender, lo que se llama comúnmente libertad de empresa, por oposición a los sistemas totalitarios o estatistas que niegan el libre ejercicio del derecho al trabajo, sea ocupando cargos en empresas establecidas, o creando empresas que, aparte de producir bienes o prestar servicios, crean empleos. Si no hay empresa, no hay empleo; no hay empleados, que son aquellos trabajadores dependientes que integran la inmensa mayoría de los afiliados sindicales de Chile y el mundo. Sin embargo, retengamos que de ese 80 por ciento de las empresas existentes (sobre 500.000), una gran cantidad son unipersonales, que se confunden con la categoría de trabajadores independientes, en la medida que no tienen a otros bajo su dependencia como empleadores.

La libertad de empresa no sólo atañe a las relaciones de ella con el ecosistema económico, social, histórico y cultural que la envuelve, sino con su propia intimidad. Así como la libertad sindical, aplicada al sindicato, exige que los trabajadores tengan libre derecho a organizarse, los sindicatos deben ser libres y democráticos internamente, en la elección de sus directivas y en las relaciones entre éstas y los simples afiliados, también la empresa debe ser internamente libre. Sin perjuicio de que es de una estructura asociativa dispar, heterogénea, jerarquizada, donde cada persona tiene una función o tarea propia y una precisa relación de autoridad y de dependencia, las relaciones humanas en la empresa serán siempre libres, personales, morales, propias de personas humanas con derechos y obligaciones, no de mercancías, robots o muñecos dictatorialmente manejados. Ni la junta de accionistas a los directores; ni éstos al gerente general; ni éste a los gerentes de área y demás ejecutivos, y así en toda la estructura jerarquizada empresarial, que en última instancia íntegra sujetos –no objetos- atados por naturaleza a un comportamiento ético. Todos ellos cumplen durante un período de su vida en esa empresa y en tal tarea su vocación personal. Ésta podrá parecer al lente del fotógrafo, al registro de un dinamómetro o a la cifra de una estadística, similar en los 10, 1.000, 10.000 trabajadores que constituyen una empresa, pero ante quien los mira e identifica con los ojos de la doctrina de la Iglesia sobre el hombre y el trabajo, cada ser humano es la realización única e irrepetible del destino que un Dios providente y amante le ha reservado. En esencia vale tanto José, el carpintero, enseñando su oficio a Jesús; Francisco de Asís, construyendo la pequeña “Porciúncula”, o el obrero Karol Wojtyla, preparando, sin que nadie sospechara entonces su destino, la experiencia que enriquecería, sesenta años más tarde, el acervo doctrinario a través de Laborem Exercens y su prolífica enseñanza. Las “cosas”: terrenos, muebles, máquinas, dinero, créditos, inversiones, información, secretos de fabricación, etc., cuyo manejo puede ser agilizado, multiplicado o extendido por la ciencia y la técnica, sólo si son manejadas o dirigidas por personas humanas responsables jurídica y moralmente de su uso, sirven por parejo al desarrollo social y al perfeccionamiento humano y cristiano. Ese es el ordenamiento propio de una sociedad libre. Sólo en ella pueden darse las libertades de asociarse y emprender, que amparan el convenio 87, y los que son su complemento, el nº 98, sobre negociación colectiva y el 151, sobre sindicación y condiciones de trabajo en la administración pública, principalmente. Los dos primeros alcanzó a conocerlos el Padre Alberto Hurtado, e intuyó su necesidad y proyección, cuando hacia los años 1948 y 1949, en Chile, casi nadie –incluyendo los obreros y sus líderes sindicales- creía en esos documentos emanados de una institucionalidad burguesa: las Conferencias de la OIT, en Ginebra.

La empresa –como los gobiernos, dentro de los caracteres propios de su naturaleza- puede ser más o menos autoritaria, jerarquizada, cooperativa, participativa, etc. así, una empresa que elabora explosivos, instrumentos de precisión o presta servicios a las fuerzas armadas o a la cancillería, exigirá una disciplina jerárquica y una selección de personal diferente a la que fabrica manjar blanco o distribuye huevos. Pero lo que debe entenderse, es que la libertad de relacionarse encuentra su raíz en la calidad libre y moral del ser humano, que busca asociarse de muy variadas maneras para alcanzar los fines qu aisladamente no puede conseguir. Por lo mismo, penetra la intimidad de su anatomía, y fisiología, al par que la reclama del ecosistema en que se desenvuelve.

Alguien podría preguntar: -¿Qué relación tienen estas consideraciones con la Doctrina Social de la Iglesia, principalmente manifestada en las llamadas encíclicas sociales? –Respondemos: - Grande y estrecha. En los tiempos de la Rerum Novarum, hacia fines del siglo XIX, el debate estaba centrado en el derecho de propiedad sobre los medios de producción: ¿Debían pertenecer al Estado y ser necesariamente públicos, como lo reclamaba el socialismo de aquellos años? ¿Podían ser dueños los particulares? Pero a través del largo siglo sindical las cosas se fueron aclarando. Pío XI en Quadragesimo Anno (1931) sentó con fuerza el principio de subsidiariedad, oponiéndose terminantemente a que el Estado o las entidades mayores asumieran el quehacer que podían cumplir satisfactoriamente cada persona, su familia o las sociedades menores, criterio que consagra nuestra Carta constitucional vigente en su artículo 1º: la mejor síntesis que puede darse de los que es una sociedad estructurada para vivir en libertad. A Dios Gracias, hasta ahora nadie ha intentado sustituirlo.

Fue Mater et Magistra, la monumental encíclica de Juan XXIII, de 1961, publicada poco antes de iniciarse el Concilio Vaticano II, la que centró en la empresa y su estructura el contenido más novedoso de su mensaje. Nos parece que desde entonces los seguidores de la doctrina social de la Iglesia –y muchos más- fueron reduciendo la expresión “medios de producción” a las cosas que forman el patrimonio de las empresas y que pueden transformarse en productivas, si las accionan los seres humanos.

Pero, superada de alguna manera la discusión acerca del derecho de propiedad sobre ellas, avanzada la segunda mitad del siglo XX, el problema vino a radicarse en cómo pueden organizarse y cómo no deben organizarse los trabajadores, para que las estructuras productivas respeten su libertad, dignidad y derechos inalienables. Aquí la atención se focaliza en ellos, en la medida en que la debilidad de su condición económica, de su organización social, de su educación y de su influencia cívica los sitúa en el sector vulnerable de la sociedad, junto a otros indefensos o débiles: los indigentes, los marginados, los ancianos, los enfermos, los que sufren alguna invalidez, y, según las circunstancias históricas, los niños y las mujeres. Estos últimos dos sectores suelen ser mirados como dignos de protección cuando se incluyen entre los indigentes o los marginados; sin embargo, la experiencia indica que en todo nivel social y económico el niño y la mujer requieren alguna forma de tuición de la seguridad social o del Estado.

Con el mundo de los trabajadores ocurre algo similar y buena parte de su calvario, sus problemas, sus medios de defensa y la promoción de sus derechos, como el reconocimiento pleno y siempre inacabado de su dignidad personal, es tema principal de las encíclicas sociales aniversarias de Rerum Novarum. Más aún, la evolución histórica del mundo del trabajo, más que un proceso que afecta a un sector determinado de la sociedad, es una manera de mirar la evolución social del país en una perspectiva en la que “también” debemos colocarnos y que suele ser olvidada o postergada. Es lo que en alguna oportunidad (Humanitas nº 21, págs. 39-49) intentamos: revisar la historia de los once decenios del largo siglo sindical, desde la perspectiva del trabajador: los hechos que se fueron sucediendo, a medida que el obrero analfabeto y anónimo chileno, devenía cada vez más protagonista principal –como persona o como grupo- en la historia social, económica, cívica y cultural chilena.

Medio a medio de este largo siglo sindical chileno, entre 1936 y 1952, el religioso jesuita R.P. Alberto Hurtado, hoy beato Alberto Hurtado, ejerció su enorme influjo dignificador del pobre, el desvalido, el niño, el enfermo y –en los últimos cinco años de su apostolado-, especialmente, del trabajador. El Padre Hurtado –así lo llamamos siempre quienes tuvimos la providencial oportunidad de ser sus amigos y trabajar junto a él- fue la primera figura de la Iglesia chilena (del mundo eclesiástico o laico) que se jugó por establecer la libertad sindical en Chile (asunto al que un grupo de académicos dedicamos una investigación publicada por Editorial Andrés Bellos, a comienzos del 2000, bajo el título El padre Hurtado y su lucha por la libertad sindical.

El repaso de las encíclicas aniversarias 1891, 1931, 1961, 1971, 1981 y 1991, más algunos documentos de trascendencia, como Gaudium et Spes, 1965, del Concilio Vaticano II; Populorum Progressio, 1967, de Paulo VI; Sollicitudo Rei Socialis, 1987, publicada en homenaje a la anterior, encierran en esencia la llamada doctrina social de la Iglesia y arrancan su lenta, pero profunda fuerza persuasiva, de la defensa persistente, inclaudicable de un principio clave y fundamental: la dignidad del hombre, como persona humana, en todo momento y circunstancia, consciente, o no, de ser indefctiblemente un “peregrino de lo Absoluto”, en busca de Aquel que se atrevió a decir de Sí mismo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” y de quien dijo Pedro: “(Si no es a Ti), a quién iremos Señor, si sólo Tú tienes palabras de vida eterna”. El hombre, persona humana, se mueve- quiéralo o no- tras la Verdad, que es el objeto propio de su entendimiento, y tras el Bien que satisfaga plena y permanentemente el querer de su voluntad. Menos que eso, lo deja siempre insatisfecho y busca más, porque como dijo en su inolvidable sentencia San Agustín: “Nos creaste, Señor, para Ti e inquieto estará nuestro corazón mientras no descanse en Ti”.

Pero esta notable creatura, fuera de la excelsitud de su búsqueda, por la gratuita redención en Cristo, ha sido llamada a participar de la dignidad de hijo adoptivo de Dios por la gracia, sublime manifestación de que Dios, no ha creado, como la más digna de las creaturas, sino que Su amor por los hombres, por cada hombre, lo llevó a hacernos partícipes de su vida divina y a transformarnos, a cada uno, en templo vivo de la Trinidad Santa: “Si alguno me amare, vendremos a él y haremos mansión dentro de él” (San Juan). Ahora bien, este misterio de la gracia santificante dignifica al hombre, a todo hombre, desde su concepción hasta la Vida eterna; nunca se extingue y por cierto lo envuelve, penetra y ennoblece.

A esta nobleza suprema no sólo no es ajeno el trabajador, sino que participa de ella como ser humano y por un título que le es muy propio: Jesús, el Hijo de Dios hecho Hombre, escogió la condición de obrero, de trabajador manual, para arrancar desde ahí con su predicación del Evangelio. Con razón los nazarenos, sus coterráneos, comentaban cuando inició su predicación: “¿No es éste el hijo del carpintero José? ¿De dónde le ha venido tanta sabiduría?”.

A través de sus encíclicas sociales la Iglesia ha procurado iluminar, con su doctrina y sus recomendaciones, los difíciles pasos que debieron dar los católicos sociales –o humanistas cristianos- durante ese “largo siglo”, en medio de las tensiones, agitaciones, confusiones y requerimientos que implicaban los ecos de los tremendos acontecimientos mundiales que se produjeron y repercutieron en el mundo laboral de cada país, según sus circunstancias y su idiosincrasia.

Hemos revisado, a vuelo de pájaro, aunque década por década, nuestra historia en ese período, observándola “desde el punto de vista del trabajador chileno”, o más bien, desde el punto de vista del proceso que fue manifestando, con avances y retrocesos, sus protagonismo creciente, tanto respecto de los individuos como de las asociaciones, paralelo al progreso nacional. Los resultados, sin duda insuficientes, son también indisimulables: disminuyó el analfabetismo, aumentaron los años de educación, creció el sindicalismo, se pudo eliminar la distinción entre obreros y empleados, se crearon incentivos tributarios a la capacitación, se impuso la libertad sindical y los ahorros de los trabajadores, a través del nuevo sistema previsional (AFP) –después de nacido, culminado y quebrado el antiguo-, pasaron a constituir una pieza fundamental del desarrollo nacional, que alcanzó entre 1984 y 1998 un crecimiento continuo y espectacular, que alcanzó entre 1984 y 1998 un crecimiento continuo y espectacular, que sólo vino a frenarse por una mezcla de circunstancias externas e internas hacia fines de la década de los noventa. En todo caso, la cultura social superó el anquilosamiento de la lucha entre la clase proletaria [1] (“los explotados que no tenían más bien que su prole”) y la clase propietaria de los medios de producción, según la concepción revolucionaria del Manifiesto Comunista (1848), desarrollada como teoría de la plusvalía, en El Capital de Marx” [2] [3].

Vale la pena detenerse brevemente para reflexionar cómo fue cambiando en esos ciento once años el panorama general del gran capitalista explotador y del miserable proletariado “sin otro bien que su prole”. Entre oras causas, la reducción porcentual de los indigentes y los pobres a una minoría fue debida al desarrollo de una fuerte clase media, con principal influencia en sectores significativos de la vida nacional: profesorado básico, medio y universitario; administración pública; fuerzas armadas y carabineros; ministros de Estado, rectores universitarios, científicos y escritores, diputados y senadores, la gran mayoría de los empresarios que ofrecen empleos y quizá si también la mayoría de los trabajadores que los ocupan. En efecto: de las 500.000 empresas que registra el SII para fines tributarios , 1 por ciento ocupa 200 o más trabajadores (gran empresa); 2 por ciento, entre 50 y 199 (medina empresa); 15 por ciento, menos de 50 (pequeña empresa) y 82 por ciento, menos de 10 (microempresa). Vale decir, el 3 por ciento del poder ocupacional “productivo y de servicios”, se sitúa en grandes y medianas empresas. El 97 por ciento, en empresas o microempresas que socialmente ubican a sus empleadores en las clases media y baja.

Demos una mirada ejemplificadora a la microempresa, empezando por un caso típico de microempresario: el dueño de una micro, sea que la maneje él mismo o tenga un chofer que la conduzca. Este dueño de una micro –o de dos o tres- es un microempresario, nombre también muy adecuado a los capitales que posee y los trabajadores que emplea. En cambio, decir “la micro” no es una muy adecuada expresión, sino una corrupción gramatical. Aquí “micro” es apócope de “microbús”, una especie de autobús o “bus” pequeño, para no más de 17 pasajeros, todos sentados, con una única puerta de ingreso que no ocupaba cobrador, pues el mismo chofer, aparte de conducir, cobraba los boletos. Por eso fueron los primeros choferes reconocidos como “empleados particulares”, porque según alguna jurisprudencia, en ellos predominaba el esfuerzo intelectual sobre el físico hasta que una ley declaró en general a los choferes empleados particulares [4]. Naturalmente, estos microbuses eran buses expreso; con paraderos limitados y un precio más alto. A través del tiempo, los microbuses crecieron; desaparecieron los cobradores de los viejos autobuses; se introdujeron los pasajeros de pie en todas las modernas micros, que aprovechó de su antecesora la doble función del chofer, el ahorro de un cobrador y probablemente, en todo o parte el precio más alto del pasaje. ¿Por qué el lenguaje prefirió decir “una micro” y no “un micro “ y no “un micro”? Quizá por homenaje nostálgico a la vieja “góndola” –autobús con pisadera y cobrador de los años veinte-, o por el uso de la expresión referida a “una parte pequeña de algún todo”. Así tenemos configurados el microbús, la micro” y el más típico de los micro-empresarios.

Este recuerdo pintoresco sobre la denominación anómala de la herramienta de trabajo de un típico pequeño empresario –poderosamente sindicado, como ocurre en general con los transportistas-, trae a la memoria otra situación que afecta típicamente a la pequeña empresa (entre 10 y 49 empleados, como vimos). En nuestro actual y moderno Código de 1994, el derecho del niño a la leche de su madre nace cuando el pequeño empresario comete el “error profundamente humano” de completar la cifra cabalística de 20 o más trabajadoras –de cualquier edad o estado civil (art. 203)-: sólo entonces debe habilitarse una sala cuna “de cargo de empleador”, no de la seguridad social, lo cual conspira contra la igualdad de remuneraciones por igual tarea entre el hombre y la mujer. Y subsiste esa aberración no obstante haber acordado el Senado unánimemente pedir la corrección de esa barbaridad. Ahí sigue vigente esa ley contraria al niño, a la madre, a la familia, a la salud, a la sociedad, al derecho natural, a los derechos humanos, y ajena por completo a la vieja querella entre las sociedad burguesa y el proletariado que sufre su explotación.

Las deficiencias, problemas y sufrimientos personales, familiares o laborales del hombre, al despuntar el siglo XXI, provienen de falta de atención, defectos de información, egoísmo económico, intelectual o afectivo de quien, en un momento determinado, tiene el poder en la familia , la vecindad, la comuna, el país o la región, o el mundo, pero no de la explotación de la clase alta sobre la proletaria, conforme a lo difundido hace siglo y medio por el Manifiesto Comunista: “Proletarios de todos los países, uníos”. Su finalidad era la revolución social, apoyada preferentemente en los sindicatos, para destruir el Estado burgués y establecer la dictadura del proletariado. Entre 1919 y 1991 la hizo suya el leninismo. A comienzos del siglo XXI cabría cotejar ese viejo concepto de la minoría opulenta dueña de los medios de producción y la inmensa masa explotada, con la circunstancia de que en Chile, como vimos, el 97 por ciento de los empresarios manejan microempresas (82 por ciento) o pequeñas empresas (15 por ciento).

Pues bien, a esa amplia libertad de sindicarse y emprender que desde 1948 impulsó la OIT, las encíclicas sociales agregaron el esencial ingrediente de que todo el proceso debía operarse respetando y enalteciendo la dignidad del trabajador, de todo tipo de trabajador, porque así lo exigen el derecho natural y el mensaje redentor de Cristo, que hace del hombre no sólo la más excelente de las creaturas, sino un hijo de Dios, templo vivo del Espíritu Santo. Es la “buena nueva” del mensaje evangélico. Junto a esta permanente enseñanza teológica y moral de las encíclicas, fue fortaleciéndose la convicción económico-social, también contenida en las encíclicas, de que no hay trabajo sin capital (Q. Anno, 53), no hay sindicato sin trabajo; ni trabajador si no hay empleo, ni empleo si no hay empresa. Esto se hizo cada vez más evidente desde la segunda mitad del siglo XX, acuciados los hombres por buscar caminos de justicia y sensatez que evitaran una tercera guerra mundial. Por eso, Paulo VI, en 1971, llama con urgencia a “crear puestos de trabajo[5], la tarea que precisamente deriva del desarrollo y de la creación de empresas. Por su parte, Juan Pablo II, después de desarrollar su enseñanza sobre el empresario directo y el empresario indirecto, expresa [6]:

Considerando los derechos de los hombres de trabajo, precisamente en relación con este ‘empresario indirecto’, es decir, con el conjunto de las instancias a escala nacional e internacional responsables de todo ordenamiento de la política laboral, se debe prestar atención en primer lugar a un problema fundamental [7]: el de conseguir trabajo; en otras palabras, el problema de encontrar un empleo adecuado para todos los sujetos capaces de él. Lo contrario de una situación justa y correcta en este sector, es el desempleo. Es decir, la falta de puestos de trabajo para los sujetos capacitados. Puede ser que se trate de falta de empleo en general, o también en determinados sectores de trabajo. Para salir al paso del peligro del desempleo, para asegurar empleo a todos, las instancias que han sido definidas aquí como ‘empresario indirecto’ deben proveer a una planificación global [8]… Esta solicitud… no puede significar una centralización llevada a cabo por los poderes públicos. Se trata en cambio de una coordinación, justa y racional, en cuyo marco debe ser garantizada la iniciativa de las personas, de los grupos libres, de los centros y complejos locales de trabajo, teniendo en cuenta lo que se ha dicho anteriormente del carácter subjetivo del trabajo humano. [9]

Evidenciada la necesidad de crear empleos, de tener trabajo, para que el ser humano pueda cumplir su necesidad biológica, psicológica y espiritual de trabajar, veamos cómo corona Juan Pablo II, en Centesimus Annus, la enseñanza de sus predecesores acerca de cómo debe ser ese trabajo digno de la persona humana y cristiana. Así, después de recordar las enseñanzas de León XIII advierte el actual que para defender al trabajador contra el demonio del desempleo, la sociedad y el Estado han propiciado históricamente [10] modos convergentes: políticas económicas, dirigidas a asegurar el crecimiento equilibrado y la condición de pleno empleo; seguros contra el desempleo obrero y políticas de calificación profesional, capaces de facilitar a los trabajadores el paso de sectores en crisis a otros en desarrollo.

Por otra parte, la sociedad y el Estado deben asegurar unos niveles salariales adecuados al mantenimiento del trabajador y de su familia, incluso cierta capacidad de ahorro. Esto requiere esfuerzos para dar a los trabajadores conocimientos y aptitudes cada vez más amplios, capacitándolos así para un trabajo más calificado y productivo, pero requiere también una asidua vigilancia y las convenientes medidas legislativas para acabar con fenómenos vergonzosos de explotación, sobre todo en perjuicio de los trabajadores más débiles, inmigrados o marginales. En este sector es decisivo el papel de los sindicatos que contratan mínimos salariales y las condiciones de trabajo”. “En fin, hay que garantizar el respeto por horarios ‘humanos’ de trabajo y descanso y el derecho a expresar la propia personalidad en el lugar de trabajo, sin ser conculcados de ningún modo en la propia conciencia o en la propia dignidad. Hay que mencionar aquí de nuevo el papel de los sindicatos no sólo como instrumentos de negociación, sino también como ‘lugares’ donde se expresa la personalidad de los trabajadores: sus servicios contribuyen al desarrollo de una auténtica cultura del trabajo y ayudan a participar de manera plenamente humana en la vida de la empresa”. “Para conseguir estos fines, el Estado debe participar directa o indirectamente. Indirectamente y según el principio de subsidiariedad, creando las condiciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica, encauzada hacia una oferta abundante y de fuentes de riqueza. Directamente y según el principio de solidaridad, poniendo, en defensa de los más débiles, algunos límites a la autonomía de las partes que deciden las condiciones de trabajo y asegurando en todo caso un mínimo vital al trabajador. [11]

Resultaría excesivamente larga esta exposición si fuéramos examinando, paso a paso, cómo han ido repercutiendo en Chile las enseñanzas sociales de la Iglesia, en las diferentes épocas del “largo siglo sindical”, cuyos principales acontecimientos de alcance laboral, hemos intentado resumir, década por década, desde 1891 al 2000 [12]. Recordemos, sin embargo, a título ejemplar, que:

La década Rerum Novarum (1891-1900) comprendió numerosos despidos en las salitreras; la llamada gran huelga de 1890; la fundación de importantes patronatos; la revolución de 1891; la actividad de algunos notables líderes sociales: Malaquías Concha (demócrata); L. E. Recabarren, primero demócrata y luego comunista; Juan Enrique Concha, Francisco de Borja Echeverría, Martín Rücker, Miguel León Prado y Carlos Casanueva, conservadores, etc. La U.C. acababa de ser fundada y empezaba a dar sus frutos socialcristianos;

La década de Quadragesimo Anno (1931-1940) despierta con acontecimientos notables: el primer Código del Trabajo; la caída de Ibáñez, la fundación de la Acción Católica Chilena; la aparición en política de una brillante generación de profesionales, y jóvenes católicos formados en la UC, la ANEC y la Liga Social. La revolución socialista de Matte y Grove que derroca a Montero, emblema de la civilidad. Hay entusiasmo por el corporativismo, influido por movimientos que aún no se perfilan bien, como los de Mussolini en Italia y León Degrelle, en Bélgica. Después de la Carta del Cardenal Pacelli (1934) nace la Falange Nacionla (1939). La Acción Católica, el Partido Conservador y la Falange se disputan el entusiasmo de la juventud. La guerra civil española y la guerra mundial llevan a primer plano las opciones malditas del comunismo y el nazismo. Aparece sin destino y muere trágicamente el nazismo chileno; surge y se extingue la Milicia Republicana, etc. Rige la medicina preventiva de Cruz Coke, para toda la población;

Las décadas de 1941 hasta 1960 no están marcadas por encíclicas aniversarias, aunque sí por abundantes documentos del magisterio universal de la Iglesia, en especial del papa Pío XII, que gobernó la Iglesia en esa terrible época del desencadenamiento, desarrollo, fin y efectos inmediatos (posguerra) de la Segunda Guerra Mundial. En Chile más de la mitad lo cubre la acción apostólica del hoy beato Alberto Hurtado, que en la juventud, la educación, la universidad, la Acción Católica, la acción social (Hogar de Cristo) y el apostolado en el mundo obrero tejió el milagro de su santidad, mientras en Chile se sucedían los gobiernos radicales, desde el Frente Popular a González Videla.

La década de Mater et Magistra (1961-1970) envuelve los gobiernos de Alessandri, segunda mitad; Frei Montalva (entero) y el triunfo de Allende y la U.P. prolífico en experiencias y leyes sociales. Alessandri inicia una reforma agraria moderada, exigida por la Alianza para el Progreso, de Kennedy, y prepara una gran reforma previsional (proyecto Prat-Informa Briones). La reforma es resistida; la reforma agraria, en cambio, la estimula en grande Frei Montalva, pero es conducida en una orientación claramente revolucionaria y socialista por Jacques Chonchol, que habría de culminar como ministro de Allende. Nacen las leyes sobre supresión del despido arbitrario [13]; sindicación campesina [14] (“ensayo” de libertad sindical, que como norma general careció de respaldo político), y sobre seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales [15]. Irrumpe la profunda transformación en las costumbres y la liturgia que implicó el Concilio Vaticano II; etc.;

La década de Octogesima Adveniens (1971-1980) abarca los gobiernos de Allende y su caída, y el primer período de Pinochet, hasta la Constitución de 1980. No es del caso detenerse en la dramática crisis política y constitucional desenvuelta en esos años, pero sí anotar el DL 198 que paralizó o limitó –según los temas- la actividad sindical, en medio de la grave crisis económica nacional, agravada por la internacional del petróleo. En 1978 se pone fin a las diferencias entre empleados y obreros [16] y en 1979, conforme al Plan Laboral de José Piñera, se modifica sustancialmente la legislación sindical y de negociación colectiva. El plan se inspira en los convenios 87 y 98 de la OIT, matizados con modelos norteamericanos y condicionados a la circunstancia política autoritaria vigente [17]. Fueron, sin embargo, la base estructural del actual Código del Trabajo [18]. Se cierra el período con la reforma del sistema previsional, aún vigente y muy asentada [19];

La década del Laborem Exercens (1981-1990) comprende el segundo período de Pinochet, regido por la Carta de 1980. Está marcado por el difícil proceso de transición hacia la plena vigencia de la nueva Constitución, reformada en 1989, después del plebiscito de 1988 (del Sí y el No), y la entrega constitucional del poder al Presidente Aylwin, triunfador en las elecciones de diciembre de 1989;

La década de Centesimus Annus (1991-2000) se marca muy desde su inicio por el espectacular desmembramiento de la URSS, iniciado a fines de la década anterior, a lo que el Papa dedica el capítulo III. En Chile se vive ya la democracia política, bajo la Constitución reformada en 1989.

Examinaremos brevemente ahora el impacto nacional de la encíclica Centesimus Annus a la luz de lo ya planteado.

En cuanto a la autonomía de las personas y de los grupos intermedios en los que no debe intervenir el Estado [20], nos parece que nuestro ordenamiento constitucional es sustancialmente libre, según el texto vigente, derivado finalmente de la reforma de 1989.

En el respeto de la dignidad del hombre, es indudable que se ha avanzado – y mucho- desde Rerum Novarum (1891), fines del siglo XIX y los comienzos del siglo XXI. Queda mucho por hacer. Quizá hay más conciencia, aunque faltan realizaciones, en cuanto a la dignidad social del hombre, como ciudadano, como marginado, o como pobre. Así, el combate a la pobreza, ciertamente no exitoso, es con todo, una tarea nacional. Por la inversa, el hombre, el ser humano, que se esfuerza por vivir y desarrollarse en el vientre materno es objeto de amenazas y crímenes graves, frecuentes y constantes. Resulta increíble cómo a medida que esa vida pequeñita se desarrolla y la van percibiendo más formada los sentidos –ahora auxiliados por el instrumental que permite observarla en el vientre materno- merece mayor respeto, el que se acrecienta cuando nace y alcanza firmeza y alharaca cuando es ciudadano. Pero, en los momentos en que se inicia la vida, hay mucho menos protección, no obstante el explícito amparo al que está por nacer otorgado por la Carta Constitucional y complementado por la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que especifica su protección “desde el momento de la concepción”.

Sobre políticas económicas que armonicen un crecimiento equilibrado con el pleno empleo, tampoco puede negarse una gran preocupación ciudadana, aunque vivimos un momento difícil de crecimiento del desempleo, agudizado por defectos serios y reiterados en esa materia de la ley 19.759 [21]. La situación de Chile me parece complicada, porque el mayoritario sustento del empleo se funda en empresas pequeñas y microempresas, en general de baja productividad (97 por ciento de las empresas; sobre el 70 por ciento del empleo). Si la gran cantidad de Pymes [22] se fusionaran para constituir un número menor de grandes empresas, con alta capitalización y tecnologías de punta, tal vez crecería el producto, pero aumentaría quizá considerablemente el desempleo. Por lo mismo, es certera Centesimus Annus al prevenir sobre el delicado asunto de “crecimiento con pleno empleo”.

Respecto a seguros contra el desempleo, acaba de aprobarse una ley al respecto, testimonio, al mismo tiempo, del propósito de resolver el problema, muy deficientemente atendido por las normas del DFL 150 [23] y de su retraso en concretar una solución.

La calificación profesional es un tema que la ley 19.518 sobre Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo [24] ha facilitado y perfeccionado. La base de otorgar un crédito fiscal, equivalente al 1 por ciento de la planilla de remuneraciones para la capacitación profesional y ocupacional está dando resultados promisorios, siendo de notar que por ahora los recursos asignados exceden el aprovechamiento de ellos. Pero el programa funciona y crece.

El llamado de Juan Pablo II para “asegurar niveles salariales adecuados al mantenimiento del trabajador y de su familia” es tema actual, que preocupa y ocupa a todos los sectores, pero choca con nuestro nivel de desarrollo la insuficiencia de calificación profesional y de capacitación ocupacional, y las exigencias propias de una economía abierta, competitiva y globalizada, que no puede resolverse “puertas adentro”. El principio, cada vez más aplicado, de graduar la remuneración según la productividad es sano. Además, en nuestra opinión personal, el trabajador calificado alcanza niveles de sustentación dignos, aunque no basten para solventar los costos a veces abrumadores –según la circunstancia familiar- en salud y educación. El ingreso mínimo mensual fijado en $111.200 [25], después de una ardua, pero seria discusión, centrada en el dramático riesgo de que una elevación del salario mínimo, sin respaldo en productividad, que resulte inmanejable para nuestra economía, desplazaría a muchos trabajadores del ámbito de una ocupación con dicho mínimo, a una cesantía con subsidio de $17.338.

En cuanto a la atención familiar, el viejo sistema de una asignación familiar financiada con aportes de empleador y empleados, cedió el paso al subsidio familiar de exclusivo costo fiscal y que, conforme a la ley 19.775 es de $3.607 por carga para los que ganan hasta $108.833; $3.509, a los que ganan sobre el mínimo citado y menos de $219.921. Sobre esa cantidad, baja a $1.143 por carga, y sobre $328.232, no hay subsidio familiar. En suma, actualmente, el trabajador debe sostener a su familia con su remuneración individual, sin que el subsidio familiar fiscal tenga especial relevancia. Es un problema cultural y técnico pendiente, que tuvo solución interesante cuando las Cajas de Compensación manejaban realmente una política de asignaciones y servicios familiares con aporte empresarial y laboral. En rigor, había una cierta redistribución obligada de la remuneración individual, mediante una alta cotización que bordeaba el 20 por ciento del sueldo mensual, para atender mejor a la familia del trabajador.

Conclusiones

I. Las encíclicas son expresión del mensaje de Cristo a través del magisterio universal de la Iglesia. Por lo mismo, nos hablan de una vida en la que debemos participar. No de una ciencia que debemos contentarnos con conocer. Cuando vemos un enfermo, un pobre, un desvalido que reclama nuestra ayuda, no puede ser la respuesta cristiana anotar en una libreta, por ejemplo:

A las 12 horas del día 15 de noviembre de 2001, en la Plaza de Armas de Santiago un hombre angustiado nos pidió socorrerlo. Con él suman 5 los que hasta el mediodía de esa fecha nos pidieron lo mismo. La cifra es similar a la de igual fecha del año anterior, pero más baja que la mitad que la de 1961. Claro, esa ciencia social, la estadística, nos aporta datos en que ha de apoyarse una acción posterior. Pero las encíclicas no se han dictado para que las estudiemos y celebremos su aparición, sino para que inspiremos en ellas nuestra acción apostólica y social; para que vivamos conforme a ellas nuestra conducta social. Bien lo dijo Juan XXIII: “hoy más que nunca es necesario que esta doctrina social sea no solamente conocida y estudiada, sino llevada a la práctica en la forma y medida que las circunstancias de tiempo y lugar permitan o reclamen. [26]

II. Por su propia naturaleza, las enseñanzas de las encíclicas deben llevarse a la práctica muy específicamente por los seglares, los laicos que ocupan cargos directivos o subordinados en la vida política, administrativa, empresarial o sindical. “Es ésta una misión que corresponde principalmente a nuestros hijos del laicado, por ocuparse generalmente en el ejercicio de las actividades temporales y en la creación de instituciones de idéntica finalidad” [27], dice Juan XXIII. Más aún, el Papa urge a desarrollar con eficacia y dinamismo las tareas temporales: “declaramos una vez más que esta tarea debe cumplirse y prestarse con afán cada día más intenso”. [28]

III. A comienzos de este siglo XXI, debemos pugnar incansablemente por el desarrollo de una nueva cultura laboral, que resultará de transformar en conductas fluidas y habituales en las relaciones de trabajo, aquellas que emanan del mensaje de las encíclicas sociales. Un ejemplo insuperable de sabiduría, vigor, consecuencia y santidad nos legó el beato Alberto Hurtado a mediados del siglo XX, urgiéndonos a reconocer a Cristo mismo en la persona de nuestro prójimo, con mayor razón si lo vemos pobre, angustiado, carente de lo necesario para su cuerpo o para su espíritu. Y aquí, no nos engañemos: muchos trabajadores de modestísimo pasar tienen la riqueza interior de saber qué son, cuál es su destino, qué sentido tienen su trabajo, su esfuerzo, su sufrimiento y sus logros. Por la inversa, muchos poderosos de este mundo son verdaderamente infelices; sufren la aguda crisis interior de tener resueltos, por ahora, los problemas de sus ingresos económicos, pero los conturba la secreta –o pública- angustia de no saber para qué trabajan, mandan, poseen, viven, aman, sufren y mueren [29].

IV. La nueva cultura laboral a que aludimos está concretándose, lenta, pero persistentemente, en una conciencia, cada vez más lograda, de que la empresa, como tal, es la forma propia que la sociedad moderna ha instituido, casi sin pensarlo, para asegurar a la propiedad productiva su función social. El que invierte sus bienes personales en una empresa renuncie a un aprovechamiento individual, para mediatizarlos en un proceso que los hace producir bienes o servicios útiles a la comunidad y proporciona nuevas fuentes de trabajo e ingresos a quienes laboran en ella. Si la empresa es exitosa, el empresario recuperará su inversión y obtendrá un ingreso vía sueldo patronal o utilidades. Si no sabe hacerlo bien, o sobrevienen contratiempos propios de los riesgos asumidos, puede perder su inversión. Ni más ni menos que el riesgo asumido por los siervos prudentes, que su señor premió, en la Parábola de los Talentos.

V. Esta conciencia de estimar la empresa como la más apropiada manera de hacer cumplir a los bienes su función social, común, compartida, está generando los primeros atisbos de un cambio conceptual y conductual en estos días. Mientras a comienzos del siglo XX las asambleas sindicales vociferaban, inspiradas en la plusvalía de Marx: Lo que tú ganas, me lo has quitado a mí; hoy proclaman a través del interesantes y variadas experiencias en convenios colectivos: Es preciso que tú ganes, para que yo gane también. ¡Es el meollo de la nueva cultura laboral, que empieza a configurarse a fines de este largo siglo sindical y que sólo la sabiduría de las encíclicas y la fuerza del amor cristiano le proporcionarán el alimento, de carne y espíritu, que necesita para instaurarse! Dificultamos que haya una figura más emblemática y más identificad con los orígenes de esta nueva cultura laboral, que el ex alumno, bachiller, licenciado y abogado de la Pontificia Universidad Católica Alberto Hurtado Cruchaga. Por lo mismo, para quienes hemos sido formados en esta casa universitaria, honrar su memoria y asimilar su legado no es sólo un honor y un privilegio, sino un deber de religioso, moral y ciudadano.


NOTAS

[1] “El proletario se define como aquel que no tiene más bien que su prole”
[2] Tres tomos, publicados en 1867, 1885, 1894, los últimos dos póstumos.
[3] Según ella los explotadores pagaban un salario de sustento físico, que sólo correspondía a una parte más o menos pequeña del valor del bien producido por el esfuerzo obrero y se apropiaban de los bienes de mucho mayor valor producidos por los inermes, aislados e incultos explotados.
[4] Primero fueron los choferes permanente de casa particular ley 6242, de 1938. Más tarde la ley 7064, de 1941, incluyó a todos los choferes de la industria y el comercio. Hubo también leyes especiales para grueros –choferes de grúas-, electricistas, caldereros, maquinistas, mecánicos, etcétera, hasta que el DL 2.200, de 1978, terminó con las diferencias entre empleados y obreros.
[5] Oct. Adv. Nº18 (1971).
[6] Lab. Exer. Nº18 (1981)
[7] Énfasis del Papa.
[8] Énfasis del Papa.
[9] Lab. Exer. Nº 6. Se refiere al trabajo como tarea del hombre, de la persona humana. No como cosa hecha.
[10] Cen. Annus, nº 15.
[11] Este párrafo, Juan Pablo II cita su encíclica Laborem Exercens; su propio discurso a la OIT, en Ginebra, el 15 de junio de 1982 y el similar discurso de Paulo VI a la OIT, en junio de 1969.
[12] Revista Humanitas, nº 21, verano de 2001: “Las once décadas del largo siglo sindical: 1890-2000” (En el centenario del nacimiento del Beato Alberto Hurtado); pgs. 39-49.
[13] 16.455, de 1966, introduce causal de despido sobre “necesidades de la empresa”, inspirada en la OIT.
[14] 16.625, de 1967.
[15] 16.744, de 1968.
[16] DL 2.200, de 1978
[17] DLs. 2.755, 2.756 y 2.758, principalmente, de 1979.
[18]DFL 1, D.O. de 24 de enero de 1994.
[19] DLs. 3.500 y 3.501 de 1980.
[20] En el párrafo 13 de C. Annus el Papa menciona como tales: la familia, grupos económicos, sociales, políticos y culturales, los cuales, “como provienen de la misma naturaleza humana, tienen autonomía, sin salirse del ámbito del bien común. Es a esto a lo que he llamado subjetividad de la sociedad, la cual, junto con la subjetividad del individuo, ha sido anulada por el socialismo real”.
[21] Diario Oficial de 5 de octubre de 2001, con vigencia general desde el 1 de diciembre del mismo año.
[22] Nombre popularizado para la Pequeñas y medianas empresas.
[23] Texto refundido, D.O. 25 de marzo de 1982.
[24] D.O. 14 de octubre de 1997.
[25] Rige desde el 1 de junio de 2002, ley 19.811.
[26] Mater et Magistra, nº221.
[27] Id. Nº240.
[28] Id. Nº254.
[29] Una reciente encuesta de la Fundación Futuro, referida a personas mayores de 18 años y de todos los estratos sociales, efectuada en 50 ciudades, desde 1998, dio este resultado en el 2001, en cuanto a razones para ser feliz: 1) Hijos: 80%; 2) Familia, 79%; 3) Lugar donde vive: 72%; 4) Cantidad y calidad de amigos: 70%; 5) Relación con su madre: 69%; 6) Vida espiritual: 68%; 7) Pareja: 68%; 8) Desarrollo como persona: 63%; 9) Vida sentimental: 63%; 10) Salud: 62%; 11) Nivel intelectual: 61%; 12) Vida sexual: 59%; 13) Aspecto físico: 59%; 14) Nivel educacional: 58%; 15) Tiempo libre: 56%; 16) Relación con su padre: 56; 17) Trabajo: 52%; 18) Relación con su jefe: 41%; 19) Dinero: 34%; 20) Sueld: 29%. ¡Como para meditarlo!

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Ir a William Thayer, socialcristiano de cuerpo y alma por Jaime Antúnez A. Humanitas 90.

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