En esta nueva columna, Nello Gargiulo reflexiona sobre la necesidad de abordar la problemática migratoria involucrando a todos los actores sociales y estatales que pueden aportar en la materia, ya sea por su trabajo directo con la realidad de los extranjeros avecindados en Chile, o por el rol formativo, fiscalizador o financiero que realizan en miras al desarrollo del país. El ejemplo de lo realizado por monseñor Scalabrini hace un par de siglos, puede iluminar las decisiones de hoy.

Las elecciones del 14 de diciembre pasado constituyen otro significativo momento de consolidación de la democracia chilena. Los resultados fueron conocidos rápidamente; también se reconoció de inmediato la victoria del presidente electo José Antonio Kast, con un sentido cívico-patriótico que ha ratificado una vez más la confianza en las instituciones responsables de todo el proceso electoral.

El péndulo de la política en Chile se ha inclinado hacia la derecha y estos vientos de cambio son comunes en varios países de América Latina, que en su globalidad es el continente que aún vive una interesante época de paz. Sin embargo, episodios de graves tensiones políticas –internas e internacionales, como el caso de Venezuela en estos días– y focos de guerrillas específicos que no deben pasar inadvertidos, se suman a las persistentes y excesivas desigualdades que pueden siempre convertirse en causa de estallidos sociales imprevistos y difíciles de controlar. El panorama actual de América Latina hace pensar que marcha a ser un continente inestable y dependiente de la ley del más fuerte que prevalece sobre el multilateralismo. Tanto la política como la diplomacia pierden fuerza abriéndole paso al interés de las grandes potencias que inclinan el péndulo por un lado u otro con el fin de no perder influencia económica y geopolítica.

Los antídotos para prevenir y corregir estas verdaderas anomalías que amenazan la sana convivencia social, deben poner fuerte énfasis en la promoción del crecimiento económico con suficientes y visibles grados de equidad y de justicia. Así también, las sociedades requieren fortalecer la cohesión social entre la ciudadanía, algo posible con adecuados programas de educación cívico-político y cultural que deben cruzar los planes de estudio en escuelas, liceos y colegios.

Más cerca, en nuestro Chile, hoy existen preocupaciones especiales sobre la dimensión cuantitativa del fenómeno migratorio a partir del gran número de extranjeros irregulares que viven en el país y, además, por los nexos con bandas criminales que actúan con mafias organizadas a nivel internacional. Estos dos grandes problemas –si bien son elementos comunes y prioritarios en los partidos de la derecha chilena, ganadores de las elecciones– podrían no encontrar soluciones efectivas si al momento de gobernar no hay un camino de real alianza, que desemboque en una cultura de gobernabilidad con propósitos comunes.

Una mirada desde las cifras al fenómeno

El año 2023, las personas de 0 a19 años representaban un 15, 8% de la población migrante; aquellas de 20 a 39 años, el 51, 5%; de 40 a 59 años, el 26, 5%; y las personas de 60 años o más, el 6, 2%. Claramente nos encontramos frente a una población joven y, en este sentido, una fuerza de trabajo potencial interesante cuando se combinan factores de estabilidad como formación en oficios e integración a la vida social del país en general.

En cuanto a aquellos que no tienen su documentación, estos son los porcentajes de los primeros seis países: Venezuela (75%); Bolivia (7, 7%); Colombia (5%); Perú (2%); Haití (1, 9%); República Dominicana (1, 1%). Siempre en referencia al año 2023, las personas entre 0 y 19 años representan el 20, 8% de esta migración ilegal; entre 20 y 39 años, el 58, 3%; entre 40 y 59 años, el 17, 8%; y las personas de 60 años o más, el 3%.

El porcentaje de la población migrante irregular es de 336. 984 personas. El total de la población migrantes en Chile alcanza a 1. 920. 600. 000 según estima el INE y esto implica que el diseño de acciones de políticas –sobre todo gubernamental– debe proyectarse en función del bien común de la población de Chile en su globalidad. Por eso se hace indispensable que cada migrante que llega o que vive en el país debe poder tener la documentación en orden y con esto ser parte de la vida institucional de la nación, respetar sus leyes, acceder a trabajos y poder instruir a sus hijos.

Está claro que gran parte del alto número de migrantes que llega a Chile se debe a situaciones complejas en sus países de origen, y también porque Chile es percibido como un país de América Latina con una economía atractiva y mayor estabilidad política en comparación con otras naciones de la región. Además, Chile tiene leyes que se aplican tanto para el emigrante que llega para buscar mejores condiciones de vida como para los que llegan en condiciones de refugiados. La Ley 21. 325 de noviembre 2021 regula los derechos y deberes de los que llegan al país en estas condiciones. En el art. 3 la referencia a este tema es muy explicita: “Promoción, respeto y garantía de derechos. El Estado deberá proteger y respetar los derechos humanos de las personas extranjeras que se encuentren en Chile”.

Con respecto a los niños menores de edad, la Convención sobre los Derechos de los Niños (Unicef, 1989), en su art. 2 hace una explicita referencia: “Los Estados partes de esta convención tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”.

Cuando se haga efectiva, en el plan del nuevo gobierno a partir del 11 de marzo, la invitación a los migrantes ilegales a dejar el país o, en su defecto, la aplicación de sanciones, saldrá a la palestra la situación en que quedarían los menores de edad, y de una manera más directa los que han nacido en Chile y tienen la ciudadanía chilena, aun cuando los padres fuesen migrantes irregulares. Aquí hay un punto de alta complejidad para aplicar medidas de expulsión a un número tan elevado de personas, pero también una regularización masiva presenta un grado de casi imposible aplicación.

Fallas al administrar la globalización

Esta situación no es nueva, varios sectores de la sociedad vienen reclamando, porque al tener un porcentaje alto de migrantes no regularizados se alimenta –y en esto la sensación es colectiva, aun cuando no se puede generalizar– por un lado una economía informal y, por el otro, se generan grados de inseguridad con la creación de grupos de poder entre los mismos emigrantes, aprovechándose de las necesidades y debilidades y poniendo condiciones de coimas o pagos para conseguir trabajos en esta misma economía informal o, valga la expresión. “sumergida”.

En este sentido, el fenómeno de la globalización, cuando no ha sido bien dirigido, se ha hecho responsable de facilitar la proliferación de estos grupos de influencia o verdaderos carteles que aparentemente se dedican a negocios lícitos y en paralelo promueven la venta de drogas mortales y el tráfico de personas.

Giovanni Battista Scalabrini y su método para gobernar las emigraciones

El fenómeno migratorio, aun cuando es responsabilidad directa de las autoridades de gobierno, requiere de un momento de reflexión a diferentes niveles. En esta oportunidad, vale la pena referirnos al método de monseñor Giovanni Battista Scalabrini, desde el 2024 elevado a santo por la Iglesia Católica. Obispo de Piacenza en Italia en la segunda mitad de 1800, dio comienzo a una Congregación de misioneros para acompañar a las enormes masas de italianos que emigraban desde la Península hacia América del Norte y del Sur.

Para Scalabrini, no solo era necesario garantizar el acompañamiento espiritual y contribuir con estímulos culturales para mantener los lazos con la patria que se dejó atrás. En sus visitas a las primeras obras en Nueva York, Buenos Aires y, Sao Paulo, pedía encontrarse con los presidentes de los países, los lideres de los emprendedores, sectores de la sociedad civil y la propia Iglesia, con todas sus estructuras territoriales necesarias para acoger, formar y también apoyar legalmente tanta desesperación que cruzaba los océanos. Este estilo, con lenguaje moderno, lo podemos definir como “hacer sistema”, trabajar en equipo; permite tener miradas amplias para estimular buenas prácticas. En primer lugar, para comprender el alcance del fenómeno migratorio, para luego enfrentarlo de una manera más global y no de inmediatez.

Los emigrantes, cuando dejan su país, llevan por lo general en sus maletas y mochilas tanto pobreza como esperanzas y también las riquezas de su propia historia; y cuando las condiciones no son extremas también buena capacidad de trabajo.

Estos fueron los pilares de los grandes flujos migratorios desde Europa a partir de la segunda mitad del siglo XIX hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Barcos cada vez más grandes que cruzaban los océanos con enormes esperanzas de ida; y de vuelta, también con grandes éxitos y fracasos de aquellos migrantes.

Hoy, mirando a Latinoamérica, el fenómeno migratorio tiene proporciones inmensas y Chile, situado en una posición geográfica de destino y no de paso, en los últimos 25 años ha recibido la llegada de muchos migrantes procedentes de diferentes países de este atribulado continente.

Una de las preguntas es qué pasará con los 180. 000 migrantes que, confiados en el Estado chileno y sus instituciones, han reportado su presencia “irregular”. A partir de este universo de migrantes se abre para el futuro gobierno, y en línea con el anterior, un espacio para estudiar cómo explotar una fuerza laboral joven, que oportunamente evaluada y sin antecedentes delictuales, pueda transformarse en una fuerza de reemplazo a la baja de natalidad que enfrenta Chile, y en un aporte justamente al desarrollo productivo del país.

Claramente: controles fronterizos, seguimiento en el país de quién entra y sale, necesidades de mano de obra calificada y por calificar, integración a la vida del país con planes educativos, sociales y sanitarios, van de la mano, y pueden transformar esta compleja problemática, en un círculo virtuoso.

El camino al desarrollo debe ser integral y en las sociedades que son globalizadas debe incluirse la migración como un desafío para el crecimiento. En este marco, cobran gran sentido y pueden alcanzar considerables niveles de eficacia aquellas medidas para enfrentar directamente la migración que se relaciona con el crimen organizado y la mala vida en general. En Europa, Alemania es un buen ejemplo y con ciertas críticas lo es también Italia.

¿Cómo hacerse cargo de esta emergencia?

Considerando que la futura administración se plantea como “un gobierno de emergencia” sería apropiado y oportuno convocar a los sectores de la sociedad civil, el mundo económico, el poder judicial y a la Iglesia Católica chilena con más de 900 parroquias en todo el país. En las emergencias es sano que todos remen para el mismo lado.

Además, amerita involucrar de una manera especial a un organismo especializado como el Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI) órgano de la Conferencia Episcopal que está en posición de continuar e intensificar su labor de apoyo al Servicio Nacional de Migración (SERMIG), organismo oficial del gobierno chileno. Al unir fuerzas, las responsabilidades se reparten entre diferentes actores.

Abordar el tema migratorio desde el paradigma central de la dignidad humana estimula a encontrar soluciones adecuadas, integrando aquellos caminos de solidaridad siempre necesarios para los más débiles, con una subsidiariedad también horizontal –y no solo vertical– provocando así que actores de la sociedad civil se hagan parte de la solución del problema. Ello, desde una óptica de un voluntariado colaborador del Estado, en términos de apoyo a la solución de problemas sociales para los cuales ni el mercado solo y tampoco el Estado solo pueden ser eficaces.

El tema migratorio es un asunto internacional, nacional y territorial, y como tal debe ser abordado con políticas adecuadas a diferentes niveles que sean el marco regulatorio para una gestión efectiva del fenómeno.

¿Realidad o utopía? Todos tenemos el deber de aportar a la solución y también el derecho a soñar y proponer.