El desafío de ofrecer una educación integral a lo largo del territorio compromete a diferentes actores sociales, estatales y también religiosos: la formación no requiere solo de infraestructura, logística y recursos, es necesario relevar la dimensión valórica y su rol en la cohesión social.

A propósito del 60° aniversario de la declaración conciliar Gravissimum educationis, donde la Iglesia asumió la “importantísima” tarea de educar en diálogo con un mundo en transformación, el Papa León XIV decide escribir la carta apostólica “Diseñar nuevos mapas de esperanza”. La actualidad y sintonía con los desafíos globales de ambos documentos es sorprendente, particularmente sobre dos aspectos que me parecen fundamentales.

El primero, dice relación con el carácter de condición de posibilidad para una formación humana integral que es la educación, considerando en su trayectoria no solo aspectos intelectuales sino también valóricos. Al respecto, León XIV señala que la educación centrada en la persona debe realizar su labor con una “mirada larga”, siendo un acompañamiento en la búsqueda de conocimiento y sentido. Desde la escuela hasta los estudios superiores “la educación no es solo transmisión de contenidos, sino aprendizaje de virtudes”, acota. Sobre este punto, le asigna una gran responsabilidad a la Iglesia, procurando que la educación católica no mida su valor “solo en función de la eficiencia” sino sobre todo “en función de la dignidad, la justicia y la capacidad de servir al bien común”.

Además de consagrar esta educación integral como un derecho, tanto el documento de Pablo VI como el texto conmemorativo de nuestro actual Papa, destacan los aportes que pueden hacer en este cometido las Facultades de Ciencias Sagradas y Teología, los servicios pastorales, y la incorporación de metodologías como aprendizaje-servicio, donde es posible no solo reflexionar sobre los aportes de cada disciplina a la sociedad sino también ponerlos en práctica. Es así como, por ejemplo, la nueva rectoría de la UC ha impulsado para este año la implementación de una asignatura que promueve las competencias ciudadanas, el diálogo y el bien común, llamada “Voces”, que según palabras de su vicerrector Mario Ponce “expresa una convicción central y profunda de que la formación universitaria no solo transmite conocimientos, sino que también cultiva la capacidad de dialogar, de reconocer al otro y de comprometerse activamente con el bien común”.

El segundo aspecto destacable de los documentos pontificios enunciados, y sobre el que me parece relevante hacer una reflexión aún más profunda, es el permanente llamado a la “colaboración” en las distintas escalas y al valor de la diversidad de proyectos educativos en la gran terea de educar. León XIV, en efecto, hace un llamado a construir una comunidad educativa que funcione como una “obra coral”, que integre a docentes, estudiantes, familias y personal administrativo y de servicio; y también una comunidad amplia de instituciones públicas y privadas que colaboren en esta misión.

¿Por qué es importante esta invitación? En nuestra realidad local y según datos del MINEDUC, del total de más de 11.000 establecimientos escolares a nivel país, cerca del 55% corresponde a establecimientos particulares o particulares subvencionados, abarcando más del 60% de la matrícula total del sistema, lo que demuestra que ni en la teoría ni en la práctica este bien público es solo responsabilidad del Estado. Por otra parte, más allá del tipo de dependencia, cerca del 42% de los establecimientos declara alguna adscripción religiosa, y es aquí donde se visualiza la relevancia de la tarea que el Papa asigna a la educación católica hoy, con un especial énfasis en “reconstruir la confianza en un mundo marcado por los conflictos y los miedos”. Es en este marco es que cobra sentido el título del documento papal respecto de los “mapas de esperanza” ya que, aunque refiriéndose particularmente a la educación católica, el sumo pontífice hace un paralelo entre las estrellas y las constelaciones, donde cada una brilla por sí misma, pero que en conjunto son capaces de alcanzar y formar nuevos imaginarios y realidades.

El desafío territorial

Considerando los dos aspectos relevados, la responsabilidad en la formación más allá de los aspectos profesionales, impulsando una educación integral que aborde los desafíos sociales, y el gran aporte en su abordaje que hace la Iglesia junto a otros actores privados del sistema educacional chileno, desde una perspectiva espacializada, emerge un desafío enorme —por no llamarlo problema— en el ámbito rural. Los recientes resultados de la encuesta CASEN, muestran que, si bien la pobreza por ingresos y pobreza multidimensional han disminuido significativamente durante los últimos veinte años, estas mediciones siguen arrojando una gran fractura territorial. En efecto, la última medición muestra una diferencia de ocho y seis puntos respectivamente en detrimento de lo rural. Solo a modo de ejemplo, y según el CENSO 2024, las zonas rurales de las regiones de Arica y Parinacota, Maule, Ñuble, La Araucanía y Los Ríos presentan cerca de dos años de escolaridad menos que las zonas urbanas.

Y sí, aquí tenemos un “gravísimo” desafío, porque el doble clic sobre las cifras no es alentador. La participación de establecimientos particulares o subvencionados a nivel nacional es muy baja: menos del 22% del total y apenas el 28% de la matrícula. Según Acción Educar, en 2024 gran parte de las 3.121 escuelas rurales recibió menos postulaciones que cupos disponibles, y un cuarto de ellas no tuvo ninguna postulación, concentradas en las regiones de La Araucanía, Los Lagos y Coquimbo. Además, el Índice de Vulnerabilidad Escolar que levanta JUNAEB para medir el riesgo de deserción escolar, es doce puntos mayor en zonas rurales que urbanas. Por otra parte, el SIMCE muestra cerca de diez puntos menos en lectura y matemáticas; y solo el 48% de los egresados de establecimientos rurales accede a educación superior al primer año (versus 53% urbano).

Esta realidad también ha sido documentada desde 2020 por Fundación 99, quienes realizan una de las encuestas más sistemáticas sobre educación rural en Chile, aplicada a más de 1.700 docentes, evidenciando brechas persistentes en conectividad, recursos pedagógicos y condiciones de trabajo. Si bien el levantamiento arroja que, en términos cualitativos, la escuela rural es un verdadero centro de cohesión territorial, carencias que señalan poseer más de 1.300 establecimientos rurales en un bien tan básico como el agua potable afecta las trayectorias educativas de los niños y jóvenes, a la vez que el desarrollo de una comunidad educativa completa. Según la organización, la escuela rural es un centro articulador, donde la comunidad se encuentra, confluyendo personas, gobiernos locales, empresas y vecinos.

No todo está perdido

La educación rural no es una realidad estática: ha cambiado de la misma forma en que lo ha hecho el contexto en el que ella se desarrolla. Desde sus inicios asociado a la vida de las comunidades de los pueblos originarios, pasando por el importante rol que jugó la Iglesia y sus órdenes religiosas en la época de la colonia, hasta el siglo XX donde estuvo fuertemente vinculada a la cuestión agraria, esta es una dinámica que sigue transformándose. Hoy la ruralidad no es un lugar vinculado solamente a la agricultura, múltiples sectores asociados a los recursos de la naturaleza desarrollan sus actividades en estas áreas y una diversidad de culturas sigue conservando tradiciones ancestrales, vinculando sus formas de habitar con el entorno y sus ecosistemas. De hecho, según la Encuesta Chile nos Habla de 2024, siete de cada diez chilenos desean vivir en estos lugares por características como la tranquilidad, salud mental y mayor contacto con espacios naturales.

Con estos diagnósticos y con el propósito de mejorar la calidad de vida y las oportunidades de los habitantes de zonas rurales en Chile, desde el año 2020 existe una Política Nacional de Desarrollo Rural, cuyo foco son 261 de las 346 comunas que tiene el país, donde la población vive mayoritariamente dispersa abarcando más de 80% del territorio nacional. Derivado de este instrumento que incentiva la confluencia intersectorial en lo rural, en 2024 y luego de un proceso participativo con más de doce mil personas, el Ministerio de Educación creó su Política Nacional de Educación en Territorios Rurales 2025-2031, donde se propone focalizar acciones para fortalecer el rol de las redes territoriales y microcentros, facilitar la continuidad educativa, promover la innovación pedagógica y fortalecer la institucionalidad educativa para territorios rurales.

En esta línea, dado que la calidad de la información que el Estado maneja de las zonas rurales es menor que las zonas urbanas, el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE UC) este año entregará un estudio encargado por el MINEDUC para caracterizar la diversidad de la educación rural en Chile, buscando “entregar al país una herramienta concreta para reconocer la complejidad y diversidad de las escuelas rurales, que muchas veces son invisibilizadas por definiciones que no reflejan su realidad”, según señala Cristóbal Villalobos, investigador responsable del estudio y subdirector de CEPPE UC. “No se trata solo de clasificar escuelas, sino de comprender sus contextos, su diversidad, su rol social y cultural en las comunidades, promoviendo así una perspectiva de lo rural que reconozca esta complejidad y que se haga cargo de los cambios demográficos y económicos del país”, indica.

Prácticas de esperanza

Un sinfín de proyectos de colaboración entre empresas, municipalidades, universidades, las diversas iglesias, servicios públicos y establecimientos educativos se llevan adelante en contextos rurales. Ejemplos como el trabajo de educación intercultural del campus Villarrica de la UC, la Fundación de Vida Rural en la región de Coquimbo o proyectos como “Escuelas Rurales Sustentables” y el Proyecto Asociativo Regional (PAR) Explora Valparaíso liderado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, son ejemplos concretos de estos esfuerzos locales. Un ejemplo notable también es la formación técnica que desde los años setenta hasta hoy, con más de veinte establecimientos entre las regiones de Tarapacá y Aysén, lleva adelante el organismo dependiente de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA EDUCA.

En plena región de Ñuble, donde el 63% de su población vive en la ruralidad, se encuentra el Liceo Bicentenario Polivalente de la comuna de San Nicolás que nace en los años ochenta con la idea de enfrentar la desigualdad y la falta de oportunidades de la educación rural. Este establecimiento ha destacado por alcanzar los últimos años sobresalientes resultados en la prueba SIMCE, producto del liderazgo de su equipo directivo, el compromiso de toda la comunidad educativa, la innovación permanente y la colaboración público-privada que ha logrado establecer a lo largo del tiempo. Hoy el establecimiento cuenta con una diversidad de convenios de colaboración con instituciones como la Universidad del Biobío, Universidad de Concepción, INACAP, Masisa, Nestlé, Agrosuper y Jumbo, entre otros. En su modelo educativo no solo destaca la excelencia académica, sino también la preocupación por lo cognitivo, físico y espiritual de sus estudiantes para la “construcción de una sociedad más tolerante, pacífica y democrática”.

De cara a un nuevo ciclo político, existe en la educación rural una oportunidad para fortalecer la cohesión territorial, emparejar la cancha y devolver la esperanza a estos territorios. Es aquí donde todos los actores y especialmente la educación católica no pueden estar ausentes, promoviendo la justicia y la equidad. ¿Cómo no actuar? Y sí, es cierto que no es tarea aislada. Por eso, y tal como lo dice León XIV, tenemos que ser una constelación para diseñar nuevos mapas (rurales) de esperanza.