La Comisión independiente sobre los abusos sexuales en la Iglesia en Francia (CIASE) ha publicado recientemente su Informe, llamado Les violences sexuelles dans l’Eglise catholique. France 1950-2020. En él se busca dar cuenta de las violencias sexuales cometidas al interior de la Iglesia desde 1950 en adelante, examinar cómo se ha respondido ante estos hechos, evaluar las medidas que la propia Iglesia ha tomado para enfrentar este flagelo y hacer recomendaciones que sean útiles para abordar este grave problema.

Humanitas 2021, XCVIII, págs. 661 - 665

Imagen de portada: El presidente de la Comisión, Jean-Marc Sauvé (izquierda), entrega copias del informe al presidente de la Conferencia Episcopal, Eric de Moulins-Beaufort, durante el acto de presentación del informe el 5 de octubre de 2021 en París. © Thomas Coex, AFP

La Comisión independiente sobre los abusos sexuales en la Iglesia (CIASE) ha publicado recientemente su Informe, llamado Les violences sexuelles dans l’Eglise catholique. France 1950-2020. Esta Comisión fue creada bajo iniciativa de la Iglesia Católica francesa con el fin de “hacer la luz sobre las violencias sexuales cometidas en su seno desde 1950 en adelante, examinar cómo se ha respondido ante estos hechos, evaluar las medidas que la propia Iglesia ha tomado para enfrentar este flagelo y hacer recomendaciones que sean útiles”[1] para enfrentar este problema. La Comisión estuvo presidida por Jean Marc Sauvé, vicepresidente honorario del Consejo de Estado francés, y reunió a un conjunto de hombres y mujeres reconocidos por su competencia e imparcialidad dentro de un abanico amplio de opiniones políticas y confesión religiosa. La Comisión dispuso de un presupuesto discrecional otorgado por la propia Iglesia (3,8 millones de euros) y tuvo amplio acceso a los archivos eclesiásticos. Según su propia declaración, “la Comisión ha querido colocar a las víctimas en el corazón de sus trabajos” bajo la convicción de que ellas “poseen un saber único sobre las violencias sexuales a las que solo ellas pueden darnos verdadero acceso”[2].

“La Comisión ha querido colocar a las víctimas en el corazón de sus trabajos” bajo la convicción de que ellas “poseen un saber único sobre las violencias sexuales a las que solo ellas pueden darnos verdadero acceso”.

El Informe está dividido en tres partes. La primera se titula “Hacer la luz” y ofrece una estimación y análisis de las violencias sexuales en la Iglesia católica francesa en el período 1950-2020. Para la estimación cuantitativa se dispuso de una encuesta sobre abuso sexual realizada entre la población general, en una muestra de 28.000 franceses (panel por internet, metodología por cuotas), que arrojó una cifra de 216.000 víctimas menores de 18 años agredidas por sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos en el período en estudio. Cuando se agregan laicos ligados a la Iglesia (personal educativo, catequistas, animadores scouts, etc.), el número de víctimas se eleva a 330.000. Esta estimación se obtiene al proyectar la declaración de abuso que proviene de la encuesta (0,82% declaró que había sido víctima de abuso por parte de algún clérigo cuando era menor de edad, 1,16% cuando se considera a laicos) sobre el conjunto de la población francesa. La violencia cometida por clérigos representa casi el 4% del conjunto de la violencia sexual contra menores, y si se agrega a los laicos, sube a 6%, una cifra que se obtiene al dividir el número de víctimas en cada caso sobre el total de víctimas (5.500.000 a escala nacional, la mayor parte proveniente de ambientes familiares y amicales).

La Comisión realizó también una estimación directa en base a expedientes de denuncias que permitió cifrar entre 2.900 y 3.200 el número de clérigos comprometidos en abusos sobre alrededor de 115.000 que ejercieron el ministerio en el período considerado, lo que arroja una proporción de 2,5%-2,8%, algo más baja que la obtenida en informes similares a lo largo del mundo, que han obtenidos tasas que oscilan entre 4% y 6%. La Comisión ha podido establecer que las denuncias se elevan en el período 1950-1969 y descienden en el período siguiente (1970-1989), pero manifiesta su alarma porque no han continuado descendiendo en el período más reciente (1990-2019). Como en otras partes, se detecta que la mayor proporción de víctimas son niños hombres preadolescentes y que los abusos se cometieron en el marco de tres recursos fundamentales de la labor eclesial: los sacramentos (incluyendo la preparación y la catequesis), la vocación (que incluye la educación religiosa y la preparación para el ejercicio ministerial) y los servicios de caridad (que comprende la labor en internados, hogares y hospitales).

La segunda parte del Informe se titula “Revelar la parte sombría”, que contiene un análisis de la actitud de la Iglesia Católica francesa hacia los abusos que, aunque ha evolucionado en el tiempo, estuvo “demasiado preocupada de proteger a la institución y durante mucho tiempo sin ningún miramiento por las víctimas”. Dice textualmente:

durante la mayor parte del período estudiado por la CIASE, podemos concluir en una calificación de los hechos conocidos por la Comisión, que puede resumirse en los términos de ocultación, relativización, e incluso denegación, con un reconocimiento muy reciente, solamente visible a partir de 2015, pero todavía muy dispar entre las diferentes diócesis y congregaciones.[3]

Considerando las medidas que ha tomado la Iglesia en las últimas décadas, la Comisión concluye que han sido tardías, desigualmente asumidas y tomadas casi siempre como reacción a los acontecimientos, lo cual “las hace aparecer ante la Comisión como globalmente insuficientes”. La Comisión estima que existen dos problemas principales. El primero es la inadecuación del derecho canónico para lidiar con los delitos de abuso; el segundo es el clericalismo. Una parte de la inadecuación de la respuesta que entregó la Iglesia reside en las lagunas de un derecho “concebido enteramente en vista de la protección de los sacramentos y la corrección del pecador –siendo la víctima la gran ausente– y largamente inadaptado en su dimensión penal a la represión de las violencias sexuales que por lo demás ni siquiera nombra en cuanto tales”[4].

Considerando las medidas que ha tomado la Iglesia en las últimas décadas, la Comisión concluye que han sido tardías, desigualmente asumidas y tomadas casi siempre como reacción a los acontecimientos, lo cual “las hacen aparecer ante la Comisión como globalmente insuficientes”.

La Comisión aboga por una amplia revisión del derecho canónico que establezca una clara definición del delito de abuso y por una reforma profunda al procedimiento penal canónico que garantice un juicio imparcial y equitativo y les ofrezca a las víctimas un lugar adecuado en el procedimiento. También se recomienda una mejor articulación con la justicia penal, fundada en el reconocimiento de la preeminencia de la justicia ordinaria por encima de la justicia canónica. La Comisión celebra el acuerdo reciente de la Conferencia Episcopal francesa de crear un tribunal interdiocesano integrado por jueces laicos con formación jurídica que ofrezcan mejores garantías de competencia e imparcialidad. La Comisión se hace eco asimismo de la denuncia de clericalismo “fustigado por el Papa Francisco en su Carta al Pueblo de Dios de agosto de 2018, que comprende la excesiva sacralización de la persona del sacerdote, la sobrevaloración del celibato sacerdotal, los excesos del deber de obediencia cuando amenaza la conciencia, y la desviación de las Escrituras”[5].

La Comisión estima que existen dos problemas principales. El primero es la inadecuación del derecho canónico para lidiar con los delitos de abuso; el segundo es el clericalismo.

Una tercera parte, llamada “Disipar las tinieblas”, entrega lineamientos para un camino de verdad y reparación de cara al pasado y de prevención eficaz mirando hacia el porvenir. La Comisión se ha impuesto la tarea de “convencer a la Iglesia de comprometerse en un camino ambicioso de responsabilidad, de reconocimiento y de indemnización”[6]. Se “debe comenzar por un reconocimiento de la responsabilidad, hasta ahora evitada” en razón de condenas judiciales que solo han afectado responsabilidades penales individuales. La Comisión considera que existen responsabilidades que llama sistémicas que deben ser enfrentadas sin cortapisas. También aboga por reconocer todos los hechos, incluso aquellos que se cometieron hace tiempo y que caen bajo la protección del período de prescripción. No cuesta nada ignorar los hechos que ocurrieron hace muchos años y que fueron cometidos por sacerdotes fallecidos o renunciados que constituyen la mayor parte y hacerlos caer en las tinieblas del olvido. La Comisión aboga por generar hitos significativos de memoria histórica respecto de las víctimas. Los mecanismos de reparación e indemnización deben ser confiados en manos de órganos independientes “que se encarguen de la triple misión de acoger a las personas víctimas, ofrecer una mediación entre ellas, los agresores y la institución y arbitrar las diferencias que no puedan ser resueltas de un modo amigable”[7]. Respecto de la prevención, la Comisión se pronuncia por que el

secreto de confesión no puede permitir derogar la obligación, prevista por el código penal y –según la Comisión– conforme a la obligación del derecho divino natural de protección de la vida y dignidad de la persona, de señalar a las autoridades competentes los casos de violencias sexuales infligidas a un menor o a una persona vulnerable.[8]

En cuanto a la preparación del clero, propugna una formación 

más abierta a las ciencias humanas, impartida por expertos con perfiles más variados de los que actualmente prevalecen; colocar más acentos todavía sobre los dilemas del desarrollo y de la afectividad de niños y jóvenes, sobre el derecho canónico, así como sobre la importancia del espíritu crítico en lo referente a cuestiones de autoridad y obediencia.[9]

El informe se cierra con 45 recomendaciones que cubren todos los aspectos considerados en este análisis.

La Comisión se ha impuesto la tarea de “convencer a la Iglesia de comprometerse en un camino ambicioso de responsabilidad, de reconocimiento y de indemnización”.


Notas 

* Eduardo Valenzuela: Sociólogo, director de la revista Humanitas.
[1] Las citas corresponden a traducciones propias del Informe.
[2] Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église; Les violences sexuelles dans l’Eglise catholique. France 1950-2020. 2021, n. 0012.
[3] Ibíd., n. 0075.
[4] Ibíd., n. 0076. 
[5] Ibíd., n. 0077.
[6] Ibíd., n. 0084
[7] Ibíd., n. 0088. 
[8] Ibíd., n. 0092. 
[9] Ibíd., n. 0093

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