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Familia y Vida, temas de permanente actualidad

 

En sucesivas cartas, directoras de Aprofa y de Miles Chile niegan que sean filiales de Planned Parenthood International, como afirmé en mi última columna. Sus intervenciones me proporcionan la oportunidad de ser más explícito sobre el punto: Planned Parenthood Federation of America (PPFA) es una institución creada en Nueva York en 1916 para promover el control de la natalidad. La entidad fue creciendo y se extendió por todo Estados Unidos, hasta que en 1952 traspasó esas fronteras al crear la International Planned Parenthood Federation (IPPF), para así promover sus políticas a nivel planetario.


A esta organización internacional se ha ido integrando más de un centenar de entidades de distintos países, que siguen el ideario de la institución fundadora (PPFA) y reciben fondos para desarrollar actividades como promover la legalización del aborto y prestar servicios de "salud reproductiva". Aprofa en su misma página web declara que, desde 1967, es "afiliada" de International Planned Parenthood Federation (IPPF).

Por su parte, el sitio web de IPPF nos informa que su presupuesto anual -de más de 150 millones de dólares- es distribuido entre sus "Member Associations". Si se busca por país, al seleccionar Chile, aparecerá la Asociación para la Protección de la Familia, Aprofa. Si se visita la web de la subsección de IPPF, para la "Región del Hemisferio Occidental", podrá observarse que bajo el título "Dónde trabajamos/Chile" aparece de nuevo Aprofa, ahora acompañada por Miles Chile.

En todo caso, es curioso que la directora de Aprofa desmienta todo vínculo con Planned Parenthood, para enseguida asumir su defensa repitiendo la misma versión con la que esa institución ha intentado desautorizar los videos en los que se evidencia un tráfico de tejidos y órganos de criaturas humanas víctimas de aborto. Afirma que serían donaciones para investigación médica realizadas con el "debido consentimiento" de la madre.

La verdad, no me parece que haya mucha diferencia entre donar (con compensación de gastos) y vender este tipo de "productos" obtenidos de servicios de aborto, por lo que me temo sigue en pie el emplazamiento para que Aprofa y Miles Chile se pronuncien derechamente sobre si, de legalizarse el aborto en nuestro país, promoverán también esta forma de aprovechamiento de fetos humanos.

Cierta extrañeza causan las declaraciones de la secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia en el sentido de que ahora "por primera vez este país va a tener una ley que garantice los derechos de niños, niñas y adolescentes"; con el proyecto de ley que se enviaría al Congreso dentro de este mes, el Ejecutivo pretende "cambiar la relación del Estado con los niños, de ver al niño como objeto de políticas públicas, a transformarlo en una persona que es válida por sí misma". Estas afirmaciones no son del todo efectivas y desconocen la realidad de los esfuerzos que se han hecho al menos desde la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño para contar con una legislación adecuada a la situación de los menores de edad. Desde luego que hay mucho por hacer, y en ciertos ámbitos también se debe poner atajo urgente a situaciones inaceptables, no pocas de las cuales afectan a los niños que se encuentran bajo la custodia del Estado; pero llama la atención el estilo propagandístico de los anuncios emanados de una instancia que debería ser eminentemente técnica.

En cuanto a las ideas matrices del proyecto, la transformación de los niños en "personas válidas por sí mismas" tendría como consecuencia principal que ellos puedan desarrollar su vida privada, gozar de intimidad personal y mantener sus comunicaciones privadas libres de toda "intromisión" de los padres. Esto vale no solo para la correspondencia por correo y otros medios electrónicos, sino también para los "espacios" que el niño quiera tener a solas con el médico, excluyendo a los padres. El principal argumento para promover este ámbito de exclusión de los padres consiste en que si estos tuvieran una relación de confianza con los hijos, ese espacio de privacidad no debería ser problemático. Igual que el tono propagandístico del anuncio, sorprende la simplicidad de la propuesta, pues parece desconocer por completo que la autonomía de los niños se encuentra en formación y debe ser educada, que los padres y madres -aun con la mejor voluntad- no siempre aciertan, y que los niños son objeto de graves ataques a través de medios de comunicación electrónicos. Estos ataques cuentan precisamente con la tendencia de algunos menores de ciertas edades a considerarse a sí mismos como adultos, y se aprovechan de ella para ocultar esos ataques con la complicidad del menor.

El proyecto parece estar en línea con la estrategia socializante que consiste en interponer al Estado en las relaciones de los hijos con sus padres. Apoyándose en argumentos verdaderos -es correcto que los padres deben ganarse la confianza en lugar de imponerse a sus hijos, y que la forma de vida de los niños no puede estar en función de los objetivos de sus padres-, los saca de contexto para promover un régimen que puede servir para cuestionar formas legítimas de educación o alternativas plausibles de configuración de las relaciones familiares o escolares. No será la primera vez que en Chile se garanticen los derechos de los niños, ni que se les considere como personas de conformidad a la ley. Sin embargo, este proyecto de ley de infancia podría acabar reclamando el dudoso privilegio de ser el primer intento de expropiar la relación de los padres con sus hijos.

 

Publicado en El Mercurio de Santiago (12 de agosto de 2015)

 

Poco o nada se ha hablado en los medios nacionales del escándalo en que está envuelta Planned Parenthood, una multinacional con sede en Estados Unidos, especializada en la provisión de servicios de aborto y con más de 700 clínicas en todo el país. El CMP, Center for Medical Progress, una organización provida, ha comenzado a difundir videos en los que se evidencia que Planned no solo cobra por los abortos realizados, sino que trafica con órganos extraídos de los cuerpos de las criaturas abortadas.

 


En el primer video se puede ver a la doctora Deborah Nucatola, directora de Servicios Médicos de la institución, atendiendo a unos supuestos agentes de una empresa interesada en tejido fetal, que en realidad eran investigadores del CMP. La doctora les informa que Planned Parenthood puede ofrecer no solo tejidos, sino órganos completos, para lo cual es menester practicar el aborto de un modo que permite obtener el cuerpo del feto lo más entero posible. Es muy expresiva en sus afirmaciones: "nos hemos vuelto muy buenos -dice- en sacar corazón, pulmón, hígado, porque sabemos eso, así que no voy a aplastar esa parte, voy básicamente a aplastar más abajo, voy a aplastar más encima, y voy a ver si puedo tenerlo todo intacto".

Estas revelaciones han causado estupor en la sociedad estadounidense, teniendo en cuenta que la multinacional del aborto recibe cuantiosos fondos públicos. La presidenta de Planned, Cecile Richards, no negó las declaraciones de Nucatola, aunque pidió disculpas por el tono "poco compasivo" utilizado. Admitió que su institución entrega "tejido fetal" producto de abortos a centros de investigación, pero dijo que se trata de donaciones y no de ventas: "Esto en realidad es loable, que las mujeres y sus familias opten por hacer donaciones de tejido fetal para potencialmente salvar las vidas de otras personas", apuntó. Las cantidades de dinero solicitadas serían solo para "compensar gastos".

Seguramente, Richards no se esperaba que el CMP tuviera una batería de videos, que ha ido haciendo públicos uno tras otro. En el quinto, la ex directora de una de las clínicas de Planned confiesa que su sede conseguía más de 120 mil dólares mensuales vendiendo partes de fetos abortados. Una vez liberados los videos números 7 y 8 con revelaciones de funcionarios de una de las empresas que reciben los "productos" provistos por Planned Parenthood, el sábado pasado miles de personas protestaron en más de 300 ciudades de los Estados Unidos. Entre tanto, se han iniciado investigaciones en el Congreso y ya son cinco estados (Alabama, New Hampshire, Louisiana, Arkansas y Utah) los que han decidido cortar el aporte de recursos a la cuestionada institución.

Estos hechos tienen relevancia para la discusión sobre el aborto en Chile, por al menos dos razones, una más contingente y otra más de fondo. La más contingente tiene que ver con que dos entidades chilenas operan como filiales de Planned Parenthood International: Aprofa y Miles Chile. Ambas han promovido intensamente el proyecto de legalización de la "interrupción del embarazo", sin ocultar que en su opinión la aprobación en tres causales es solo un primer paso para consagrar el aborto a sola petición de la madre. Sería bueno saber si aprueban la conducta de su matriz internacional y si en sus actividades futuras también contemplan la instalación de clínicas que, además de prestar servicios de aborto, proveerán de órganos o tejidos fetales.

El escándalo de Planned Parenthood nos sirve, además, para comprender que lo que está proponiendo la Presidenta Bachelet y que la Cámara de Diputados deberá votar próximamente no es el aborto para casos dramáticos y excepcionales, sino el quiebre de un principio fundamental en un Estado Democrático de Derecho: el de la intangibilidad incondicional de la vida de todo ser humano. Roto ese principio se emprende un camino que puede conducir a los horrores de la más retrógrada barbarie.

Publicado en El Mercurio de Santiago (27 de agosto de 2015)

Son preocupantes los alcances que podría tener una ley sobre garantías y derechos de niños, niñas y adolescentes que, de acuerdo a lo que se ha informado, se encuentra preparando el Consejo de la Infancia que asesora al Gobierno.

A partir de declaraciones de autoridades, nos parece que algunos elementos de esta iniciativa amenazan, o al menos contradicen, una característica esencial de la familia. Esta consiste en su natural vocación a educar integralmente a los hijos para que crezcan en la responsabilidad de sí mismos y de los demás. La Iglesia valora y apoya las iniciativas tendientes a salvaguardar los derechos de la infancia, especialmente la infancia vulnerada y vulnerable. Pero creemos que estas iniciativas no pueden excluir a madres y padres en la tarea de formación de sus hijos, limitándoles a una sumisa obediencia y adaptación a reglas definidas desde el Estado, menos aún si a estas no subyace una propuesta de concepción de persona y de educación.

Reafirmamos lo que el Papa Francisco ha constatado, respecto de la ruptura entre el pacto educativo de la sociedad con la familia, al ver socavada la confianza mutua. Sabemos que la vida en familia, en las familias reales y diversas de nuestro país, es mucho más compleja que el escenario ideal con que se busca planificar desde el saber experto.

No nos parece bueno para Chile que los padres sean excluidos de la vida de sus hijos. Nadie los conoce y ama más que ellos. Nadie busca su bien ni ofrece su vida como ellos.

 

Publicado en El Mercurio de Santiago (15 de agosto de 2015)

 

 

Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, anunció la presentación de un proyecto de ley que busca asegurar el derecho de los menores a tener vida privada y gozar de intimidad personal. En concreto, esto significará que tendrán espacios de comunicación protegidos de la “intromisión” de los padres. Para la narrativa progresista, se trata de un indudable paso hacia adelante: en su lógica, cualquier extensión de los derechos individuales implica acercarse un poco más hacia la liberación definitiva.

Es difícil imaginar un mejor ejemplo de las dificultades que enfrenta la concepción inflacionaria de los derechos. En efecto, este discurso tiene una comprensión tan estrecha de la autonomía individual, que le cuesta mucho percibir la complejidad propia de lo humano. Y aunque nadie podría negar la importancia de la autonomía en la modernidad, es indispensable comprender que ésta no emerge de la nada, sino que requiere cierto tipo de comunidades. La primera de ellas, desde luego, es la familia; pero la lógica que subyace al proyecto es precisamente la contraria: los padres representarían una grave amenaza para el ejercicio de la autonomía.

Con todo, ¿puede decirse que el principal escollo para que nuestros niños sean libres y tengan intimidad radica en su familia? ¿No sabe acaso Estela Ortiz que en Chile el orden familiar está completamente erosionado? ¿No se ha enterado de que las familias simplemente no cuentan con los medios para cumplir sus funciones más elementales? ¿De verdad cree que el Sename, los matinales, la publicidad o Kidzania pueden reemplazar a los padres? ¿Cómo podemos pedirles a éstos que sean responsables si carecen de los mínimos instrumentos necesarios? ¿Cómo no ver que una normativa así deja abierta la puerta para todo tipo de manipulaciones? Piénsese, por ejemplo, en lo que puede significar –en la era digital– que los niños tengan derecho a comunicar sin “intromisión” de sus padres.

Gramsci decía que la familia es el primer organismo moral, porque si ella no logra transmitir ciertos bienes, nadie puede hacerlo en su lugar. Cuando la familia se desarticula se genera un espacio de anomía, que redunda en graves problemas sociales. Por lo mismo, una autonomía pensada al margen de la familia es simplemente una ilusión ilustrada sin correspondencia alguna con la realidad. Después de todo, el primer “derecho” de los niños es el tener padres responsables de su bienestar, y conscientes del carácter indelegable de esa responsabilidad.

En suma, el mismo gobierno que dice aspirar a una sociedad más fraterna olvida que la auténtica libertad sólo puede educarse en familia. Esta constituye un lugar de donación y gratuidad que no puede –bajo ningún punto de vista– ser vista como un contrato. Mientras no seamos capaces de mirar a la familia como categoría propiamente política, seguiremos entrampados en un individualismo ramplón y sin destino, pensando que nuestros problemas pasan por la intromisión indebida de los padres en la intimidad de sus hijos. Vaya delirio.

Publicado originalmente por La Tercera.