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Crisis Institucional

 

 

Jorge Correa Sutil, Abogado, miembro de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile

 

La decisión del TC sobre gratuidad generará enorme incerteza social y tensión política. Cerca de 200 mil familias que calculaban estudios superiores gratuitos para alguno de sus hijos se encuentran inquietas, mientras un número mayor que había quedado fuera podrá esperar ansiosa algún beneficio. Ningún centro de educación superior puede hacer un presupuesto. La Presidenta promete que igualmente habrá gratuidad el 2016, pero nadie puede afirmar responsablemente cuál podría ser la política mientras no se conozcan los alcances de la sentencia.

 

Pablo Rodrìguez Grez, abogado y político chileno

 

Chile atraviesa por un trance difícil. Súbitamente hemos ido perdiendo el horizonte que hace algunos años se proyectaba con cierta claridad. Los partidos políticos, la Iglesia Católica, los empresarios, las relaciones exteriores, la vida sindical, la seguridad, el modelo educacional, el respeto hacia el Estado de Derecho, etcétera, que hasta ayer constituían bastiones de la institucionalidad, parecen haber colapsado de manera inesperada. ¿Qué nos sucede? ¿Enfrentamos, acaso, una nueva crisis moral como aquella denunciada por don Enrique Mac-Iver al comenzar el siglo XX? No es fácil desnudar sus causas ni advertir su evolución en el futuro. Lo cierto e indesmentible es que debemos asumir esta nueva realidad.

Desde luego, todo indica que existe una disputa, cada vez más evidente, sobre el ordenamiento político, económico y social a que aspiran las grandes mayorías. Quienes procuran su reemplazo, no obstante ser aparentemente minoritarios, han conseguido ponerlo en tela de juicio, magnificando sus debilidades, explotando sus errores y acallando sus éxitos. De este modo, se han ido erosionando sus bases, generando una atmósfera de inseguridad y desconfianza incompatible con su buen funcionamiento y, lo que es peor, generando un ambiente de descontento que abre paso a descabelladas aventuras populistas.

Este problema se agrava, todavía más, porque la ciudadanía no está preparada para resolver el derrotero que debemos seguir con suficientes conocimientos. De allí la conveniencia de un plan de educación cívica que objetivamente, sin sesgos ideológicos ni aprovechamiento partidista, permita dotar, a quienes están llamados a decidir nuestro destino, del bagaje teórico mínimo que supone una definición de esta naturaleza. ¿Será esto posible? Me temo que nada de ello ocurrirá mientras no se conozca el rol que jugará la empresa privada y el que corresponderá al Estado; se reafirme el compromiso leal de las autoridades con el cumplimiento de la ley; y se confirmen las garantías que se brinda al ejercicio de los derechos fundamentales. Por lo mismo, subsistirá la incertidumbre y seguiremos estancados en todos los planos del quehacer nacional.

El cuadro descrito cobra mayor importancia en el proceso de desintegración territorial del Estado en que se encuentran empeñados grupúsculos perfectamente individualizados. Es un hecho que los países limítrofes, como Perú y Bolivia, se afanan en desmejorar las deterioradas relaciones diplomáticas y consulares, al extremo de llegar a la injuria y la ofensa, más allá de las contiendas judiciales. Desgraciadamente, la mesura de nuestras autoridades se confunde con tolerancia y debilidad, todo lo cual redunda en beneficio de la campaña internacional de que somos víctimas y que a largo plazo influirá fatalmente en la sensibilidad de un tribunal de La Haya, más político que jurídico.

A lo anterior debe unirse lo que sucede en la VIII y IX Región, hondamente conmovidas por una guerrilla larvada, que se incrementa día a día y que cuenta con un apoyo externo celosamente camuflado. Como si lo señalado no fuere suficiente, un movimiento separatista está siendo alentado en el territorio insular, orgullo de todos los chilenos, con los riegos que esto implica. Súmese a lo mencionado la inseguridad que gravita en todas las personas y en todos los hogares, y el panorama no puede ser más oscuro.

Chile no progresa. Confluye en ello, además de la indefinición que reclamamos, la crisis mundial que golpea preferentemente a los países emergentes. Todo nuestro esfuerzo, entonces, debería volcarse en estimular el crecimiento económico y generar un sistema tributario que hiciera posible redistribuir el ingreso, desterrando de esta forma los excesos a que arrastra un desarrollo desigual y la acumulación injusta de la riqueza. Asimismo, poner el peso del desarrollo en los hombros de la empresa privada, porque el Estado es un pésimo administrador, y porque puede controlarse la actividad de los particulares mediante el estricto cumplimiento de la ley. ¿Acaso las investigaciones que conmueven a la ciudadanía en este momento no son consecuencia del buen funcionamiento de los controles instituidos en el sistema? Lo fundamental, en esta situación, es fortalecer el Estado de Derecho y organizar la vida ciudadana al amparo de las normas legales.

No se me califique de pesimista. Tengo fe en Chile, en sus reservas morales y en su capacidad para enfrentarse a la adversidad. Pero es urgente salir al encuentro de los problemas y no "bajarles el perfil" para no alterar la tranquilidad pública, estrategia muy atractiva, predilecta entre los burócratas, pero de alto costo para el país.

 

Publicado en El Mercurio de Santiago (8 de noviembre de 2015)

 

Jorge Correa Sutil, Abogado, miembro de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales del Instituto de Chile

 

A propósito de una nueva Constitución y del proceso constituyente, en estas mismas páginas, Germán Concha aboga por no sustituir una Constitución, que él juzga no está rota o en crisis, sino que funciona. Davor Harasic le retruca que más vale hacerlo antes que entre a su crisis total. A diferencia de otros partidarios del cambio, la columna de Harasic tiene la gran virtud de explicitar lo que, a su juicio, anda mal: la falta de confianza en las instituciones políticas. Precisar este mal, acertar en el diagnóstico de sus causas y preguntarnos si una nueva Constitución es o no un remedio razonable parece un camino más fructífero que el debate sobre la legitimidad de origen de la Constitución del 80, los sueños de país de cada uno o las fórmulas favoritas de los especialistas acerca de las mejores reglas constitucionales. 



Sin diagnóstico, entrarle a un cambio de esa envergadura es entrar a tientas, y ello sería irresponsable; además de ineficaz, pues sin una idea fuerza del cambio necesario para arreglar un problema real, difícilmente la empresa llegará a puerto. 

Comparto con Harasic que tenemos un problema constitutivo serio en la política chilena, que es su falta de credibilidad, y agrego que mientras no lo reparemos, difícilmente podrá pedírsele a ella buenas prácticas políticas o las mejores políticas públicas. El cuestionamiento, el desprecio y la burla popular provocan en los políticos falta de aplomo y reacciones populistas. Así es muy difícil un debate democrático vigoroso; así es muy difícil que el Estado esté en forma para enfrentar los desafíos de una sociedad moderna. Lo venimos presenciando y no me parece sea una desgracia fortuita que nos haya caído del cielo. 

La siguiente pregunta es entonces si esta grieta, si esta falla central, tiene o no que ver con el diseño de nuestras instituciones o si puede paliarse con su cambio. La reacción popular más inmediata culpa más bien a los actores políticos y busca salidas fáciles como el límite de sus reelecciones. Es probable que una mirada más aguda nos muestre que con estas reglas no deberíamos esperar comportamientos más virtuosos. ¿Son las reglas o han sido solo los actores los que han causado la crisis? Por allí va otro debate necesario. 

Y si alguna responsabilidad tienen las reglas, ¿cuáles de entre ellas? Las instituciones desacreditadas encuentran sus bases esenciales en la Constitución, pero las más sustantivas se hallan en leyes llamadas políticas, tales como las de partidos políticos, de elecciones, de financiamiento de la política y la del Congreso. ¿En cuáles ha estado la falla? ¿Dónde el remedio? 

Celebro entonces un debate sobre el diagnóstico de nuestra crisis política e institucional. Parece ser el inicio más lúcido de cualquier proceso constituyente. 

 

Publicado en El Mercurio de Santiago (26 de noviembre de 2015)

Jaime Antúnez Aldunate, Director de Revista Humanitas

 

El centenario de la muerte del escritor francés Charles Peguy, acaecida en el frente, nada más iniciarse la Primera Guerra Mundial, dio ocasión a varias reediciones de sus obras, también en España. Recibo de allí, por parte de un editor amigo, una selección de textos de los Cahiers de Peguy, a quien De Lubac consideró junto con Nietzsche los dos profetas de su tiempo -el de "la fidelidad" y el de "la ruptura"-, los primeros en descubrir y en denunciar la vaciedad de un mundo que se precipitaría ciego al mayor desastre.


De esa selección de Peguy, que aprovechando un texto suyo de 1913 se titula "El frente está en todas partes", tomo por su actualidad la siguiente cita, escrita cinco años antes de la conflagración en que acabó su vida:

"Hoy, en el momento del derrumbamiento, de la decadencia de las costumbres políticas y privadas, somos literalmente unos sitiados. Estamos en una plaza en Estado de Sitio, más que de bloqueo, y todo el país está abandonado, toda la llanura está en manos del enemigo. Todos los campos. Como dicen las viejas crónicas, el enemigo se esparció por los campos".

"Nadie hoy niega, nadie pone en cuestión, nadie piensa siquiera en ocultarlo, que hay un desorden creciente y muy inquietante. Y no, desde luego, un desorden aparente, una dificultad de fecundidad, que recubre un nuevo orden que viene, sino un desorden real de impotencia y esterilidad. Nadie niega ya ese desorden, el desconcierto de los espíritus y de los corazones, la miseria que viene, el desastre que amenaza. La desbandada".

 

Publicado en El Mercurio de Santiago (8 de noviembre de 2015)