La situación económico-financiera internacional actual arroja nueva luz sobre la importancia de las relaciones sociales en la vida económica y en la producción de la riqueza, permitiendo que surja el rol decisivo de la sociedad civil en la economía.
No por azar la Doctrina Social de la Iglesia, demasiado poco apreciada aún, señala incansablemente la preponderancia de la sociedad civil también en el ámbito económico.
El debate sobre la reforma del Estado social, por ejemplo, representa un caso emblemático de semejante posición. Con este fin, quienes defienden el rol decisivo de la sociedad civil se niegan tenazmente a reducir a dos –el Estado y el mercado– a los protagonistas que se encuentran en terreno.
Las necesidades a las cuales tiende a responder el sistema de welfare no pueden satisfacerse debidamente sobre la base de los intercambios de mercado sin que se produzcan gravísimas formas de desigualdad. Por otra parte, las personas conocen sus propias necesidades de mejor manera que los burócratas. Así, una respuesta estandarizada a las necesidades «promedio» se presta para muchas formas de injusticia y obviamente de ineficiencia. De este modo, el peso de la sociedad civil pide ser reconocido mediante la valorización de formas «subsidiarias» de respuesta a las necesidades de las personas y la comunidad.
En este sentido, una justa subordinación valórica del Estado a la sociedad civil sintetiza de manera feliz las posiciones de quienes estiman que las formas de organización de la convivencia no pueden basarse puramente en la dicotomía «Estado-mercado».
Ésta reduce ciertamente la participación en la vida social del modelo del individuo anónimo visto como consumidor soberano y «ciudadano intercambiable», que se limita a ejercer su derecho a voto, aun cuando lo haga con diversas modalidades (con el poder adquisitivo en un caso y con la propia opción electoral en otro), en los ámbitos económico y político. Este modelo considera además al Estado y al mercado meros mecanismos anónimos de coordinación, lo cual contrasta manifiestamente con la experiencia elemental de cada día de cada uno de nosotros.
El Estado y el mercado son en realidad mecanismos de coordinación sumamente complejos en los cuales las jerarquías formales e informales juegan un rol relevante, y las relaciones de poder (sobre los recursos, pero también sobre la información) inciden de manera determinante en las opciones individuales.
La forma de organización de la convivencia refleja siempre la existencia de relaciones con tendencia estable entre las personas y los cuerpos intermedios, en las cuales es preciso destacar una profunda ambivalencia(existe ciertamente el vínculo de solidaridad constructiva, pero también la asociación para delinquir).
El carácter de la convivencia civil define por tanto la naturaleza de las relaciones que la constituyen.
Así, tanto el Estado como el mercado asumen la forma de organización que las personas y las comunidades concretas les otorgan. En otras palabras, la naturaleza del Estado y la del mercado dependen del carácter de las relaciones que los constituyen. Las relaciones se cristalizan en instituciones (el Estado, el mercado, las empresas) que con el tiempo asumen en cierto modo una identidad propia y se organizan con formas propias de vida (estructuras de participación y justicia, pero también estructuras negativas de injusticia). Por consiguiente, Estado, mercado y empresas son instituciones provenientes de la realidad concreta de la sociedad: espacio y tiempo están llenos de relaciones sociales profundamente ambivalentes, impregnadas de conflicto y cooperación.
Con todo, esta reflexión sobre la crisis actual podría considerarse sencillamente ingenua.
Como todo ciudadano preocupado por la salud civil, económica y política de su pueblo, me he preguntado en estos días por el sentido de la intervención del Estado en la crisis actual. En esta circunstancia histórica, ¿debemos renunciar, en favor del Estado, al peso de la sociedad civil?
Me parece posible afirmar, tranquilamente, que en la actual coyuntura histórica la intervención del Estado tiene un carácter sobre todo de emergencia, necesario para interrumpir la cadena de la crisis. No parece existir una alternativa de salvamento a la intervención pública, aunque esto se deba puramente al hecho de que el Estado tiene el monopolio de la recaudación fiscal coercitiva.
En otras palabras, con la crisis ciertamente necesitamos «más Estado», pero lo necesitamos para salvaguardar el peso de la sociedad civil y para tener más mercado. Se plantea indudablemente un problema de eficiencia, pero con un imprescindible aspecto ético de equidad.
Ciertamente, toda crisis tiene un costo de reabsorción. La intervención pública necesariamente incluirá preguntarse quién cubrirá y de qué manera los costos de la crisis. Una «buena» intervención del Estado permitirá que los costos de la crisis se cubran en el tiempo y entre los distintos grupos de ciudadanos en forma menos inicua de lo que habría ocurrido por efecto directo de la crisis. Es preciso evitar por lo tanto que suceda lo que normalmente ocurre, es decir, que la crisis se descargue sobre los sectores más débiles. Al respecto me parece acertada la declaración hecha hace unos días por los obispos estadounidenses: «Como pastores y obispos vemos las graves consecuencias humanas y morales de la crisis: muchas personas están perdiendo el sentido de la esperanza y la seguridad». Y en el contexto estadounidense se refieren a dificultades sumamente concretas: pérdida de la vivienda, el trabajo y el sistema de atención médica, caída de familias completas en la pobreza, olvido de los más menesterosos.
Qué se puede decir entonces de la preponderancia de la sociedad civil sobre el Estado en la actual crisis financiera?
También en la crisis actual siguen «Estado» y «mercado» efectivamente siendo expresión de constitución de la sociedad y su tradición y del carácter actual de las relaciones sociales. En cuanto a las empresas, la crisis debe impulsarlas hacia un mayor reconocimiento del peso del capital humano.
Dicho capital -constituido por actitudes virtuosas, cultura, disponibilidad...- es el factor central del proceso de socialización.
La crisis financiera muestra ostensiblemente la existencia de cierta involución antropológica y ética, al menos en las sociedades avanzadas, en que el horizonte de la convivencia humana se centra en el presente en menoscabo del futuro y se prefiere lo efímero a lo duradero, lo anónimo a lo personalizado, lo individual a lo comunitario. Son éstos los ámbitos que debieran ser objeto de reflexión de quienes están comprometidos personalmente en ese mundo de la empresa que hunde sus propias raíces en una sólida tradición familiar y laboral, donde es evidente el peso de la experiencia comunitaria cristiana.
También en materia financiera, toda respuesta a las formas nuevas en las cuales se manifiesta la necesidad de «crédito», o sea, de puente real entre el presente y el futuro, orientado al desarrollo integral del hombre y todos los hombres, sólo puede provenir de las personas y su natural carácter social.
La historia nos señala que algunos bancos y grandes patrimonios surgieron «de la parte inferior» de la empresa social. Para indicar esta preciosa dotación de nuestra historia, tiene entonces sentido emplear las fórmulas «más capital humano», «más capital civil»; pero en este sentido «más sociedad» sirve también para tener ya sea un «mercado» (también financiero) más abierto y participativo, ya sea un «Estado» digno de su función de servicio al bien de la común convivencia.
La crisis económico-financiera puede de este modo convertirse en una ocasión para un sobresalto virtuoso de cada uno de nosotros, acompañado de una mayor pasión por la edificación común y realista de la buena vida y el buen gobierno.